El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que decidió suspender el giro de fondos que se estaba realizando a los organismos de Derechos Humanos porque habrían gastado «más de $3.000 millones anuales de los contribuyentes» sin ser, dijo, «fiscalizados ni supervisados». El funcionario anunció en su cuenta de X que resolvió «iniciar una auditoría y suspender todos los pagos hasta que no haya una rendición transparente de cuentas».
Según trascendió, el recorte es sobre el presupuesto destinado a 13 organismos de derechos humanos y la administración del predio de la emblemática ex Esma. «Cortamos otra caja millonaria en Derechos Humanos. Los organismos administraban un fondo sin control de $3.359.732.866 anuales para mantener el predio de la ex Esma: solo para cortar el pasto gastaban $16.000.000 por mes», expresó el ministro.
A principios de enero, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, había advertido que el gobierno de Milei buscaba «cerrar la ex Esma», luego de que despidiera los trabajadores del Centro Cultural Haroldo Conti y el Archivo General de la Memoria que funcionan allí. Los propios organismos salieron a desmentir al ministro al aclarar que la administración de los fondos cuenta con el aval del secretario de DD.HH. de la Nación, Alberto Baños.
«Los fondos suspendidos momentáneamente corresponden a los salarios de los 176 trabajadores y trabajadoras» señaló el Directorio de Organismos de Derechos Humanos, que indicó que «la ex-Esma no es administrada por los organismos de derechos humanos».
«Existe un ente tripartito integrado por Nación, Ciudad de Buenos Aires y los organismos de derechos humanos. El ente fue creado por la ley 26.415. De hecho, hay un dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación que establece que, para tomar decisiones sobre lo que sucede en el predio, se necesitan dos de los tres votos», aclaró el directorio, que enfatizó que «la administración de los fondos del Ente Público tripartito en todas sus actuaciones cuenta con las firmas de las tres partes integrantes, que incluyen a la de Ciudad de Buenos Aires y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños».
«Los ingresos del ente se usan para pagar salarios. Si el Gobierno no hace las transferencias, el ente no puede pagar los sueldos de los trabajadores que se desempeñan en la ex-ESMA. La semana pasada, el ente tenía en su cuenta poco más de $ 267.000″, agregó el ente, que enfatizó que «esperamos que la situación presupuestaria pueda normalizarse rápidamente para garantizar los sueldos del personal».
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