La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes un amparo sindical ante la Justicia para intentar frenar los efectos del Decreto 340/2025, mediante el cual el Gobierno nacional busca restringir el derecho a huelga a través de la ampliación del listado de actividades consideradas esenciales.
La presentación judicial se realizó ante el Juzgado Nacional del Trabajo N°3, a cargo de la jueza Moira Fullana. Se trata de una reacción anticipada por los principales referentes sindicales, quienes habían prometido una respuesta legal inmediata luego de que se conociera la medida.
En un comunicado, la central obrera manifestó su fuerte rechazo a la norma y denunció que el Ejecutivo “pretende suprimir el derecho a huelga de un plumazo y sin discusión democrática”, por lo que aseguraron que darán pelea «en los tribunales, en las calles y en los lugares de trabajo».
Héctor Daer, uno de los cosecretarios generales de la CGT, recordó que la Justicia ya se había pronunciado anteriormente contra un intento similar por parte del Gobierno. “Es lo mismo que intentaron con el DNU 70/23, que fue suspendido por la Justicia. Esta vez repiten la jugada intentando cercenar el derecho de huelga en múltiples sectores”, advirtió.
El Decreto 340/2025, firmado por el presidente Javier Milei y publicado el pasado miércoles, establece nuevas condiciones para la realización de medidas de fuerza en sectores que el Ejecutivo considera “esenciales”. La normativa obliga a garantizar entre un 50% y un 75% de funcionamiento durante los paros, lo que, según los gremios, hace inviable cualquier protesta real.
Entre las actividades alcanzadas por esta medida se encuentran los servicios sanitarios, farmacéuticos, el suministro de energía, gas y agua, telecomunicaciones (incluyendo internet), transporte de personas y mercaderías, servicios aduaneros y migratorios, educación desde el nivel inicial hasta la secundaria, y el control aéreo y portuario, entre otros.
Desde el Gobierno defienden la medida como una forma de asegurar la continuidad de servicios esenciales para la población, pero desde la CGT sostienen que se trata de un intento de debilitar el poder de negociación de los trabajadores y silenciar cualquier disidencia organizada.
Con este nuevo enfrentamiento judicial, la CGT redobla su estrategia para frenar lo que considera una avanzada contra los derechos laborales. Mientras tanto, el conflicto promete escalar en los próximos días tanto en los tribunales como en el plano político y sindical.
