Tras el fallido intento del 21 de mayo pasado, cuando no lograron el quórum por apenas tres diputados, un amplio bloque opositor en la Cámara de Diputados redobló la apuesta y convocó una nueva sesión especial para este miércoles 4 de junio al mediodía. La consigna principal es clara: evitar errores y sumar las voluntades necesarias para habilitar el recinto y debatir un conjunto de proyectos con alto impacto social.

La convocatoria lleva las firmas de referentes de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica, quienes decidieron avanzar con un temario consensuado, depurado de aquellos puntos que habían generado disenso interno y vaciado la sesión anterior.

Entre las modificaciones más relevantes, se eliminó del listado la controvertida designación de autoridades de la comisión investigadora del caso Libra, aunque no se descarta que sea introducida en el momento a través de una moción. También quedó fuera la elección de nuevos representantes para la Auditoría General de la Nación (AGN), una pulseada que ahora se traslada a la comisión de Asuntos Constitucionales, donde se discuten posibles reformas a la estructura del organismo.

La batalla por el quórum sigue siendo ajustada. Mientras la oposición busca sumar respaldo de gobernadores y aliados circunstanciales, el oficialismo y sus socios trabajan para bloquear el intento de sesión. La estrategia de la oposición en esta ocasión fue afinar el listado de proyectos para evitar divisiones internas, y centrarse en temas con amplio respaldo parlamentario y social.

Proyectos clave en discusión

Uno de los ejes centrales será el tratamiento de dos paquetes vinculados al régimen jubilatorio. El primero incluye la prórroga de la moratoria previsional y un aumento del 7,2% en haberes jubilatorios. El segundo aborda la mejora del bono complementario y la implementación de una prestación proporcional a la vejez.

Pese a que el impacto fiscal de la moratoria es limitado (alrededor del 0,165% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso), el Gobierno nacional anticipó su rechazo a estos “parches” y amenazó con vetar cualquier ley que comprometa el equilibrio fiscal. En ese contexto, la oposición comenzó a explorar la posibilidad de alcanzar una mayoría de dos tercios para insistir con las leyes en caso de un veto presidencial.

También figura en el temario el proyecto de Emergencia en Discapacidad, que propone declarar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027, actualizar automáticamente los aranceles del nomenclador y recomponer los haberes a partir del 1 de diciembre de 2023, ajustados por inflación acumulada.

El diputado Daniel Arroyo (UxP) sostuvo que hay «una mayoría amplia» para sancionar la iniciativa y advirtió: “Si el Presidente veta esta ley, va a necesitar estómago”. Además, subrayó que incluso sectores que suelen acompañar al oficialismo están dispuestos a apoyar esta medida.

Por otra parte, se debatirán propuestas para declarar emergencia y zona de desastre por 180 días en municipios bonaerenses afectados por recientes inundaciones, como Zárate, Campana, Salto, Arrecifes y Baradero, entre otros.

El frente fiscal

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar: el presidente de la Cámara, Martín Menem, mantuvo reuniones con el Ministerio de Economía, desde donde se calculó que el conjunto de estos proyectos implicaría un costo de 12 mil millones de dólares, equivalentes al 1,8% del PBI. Desde el Ejecutivo consideran que este nivel de gasto es inviable y podría poner en riesgo el equilibrio fiscal, considerado uno de los pilares de la actual administración.

A horas de una sesión clave, en la Cámara baja se respira tensión. La oposición intentará tomar revancha, pero depende de cada voto para abrir el recinto y aprobar iniciativas que, en muchos casos, podrían terminar enfrentando el veto presidencial.