El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano y la ANSES, presentó este martes una demanda judicial contra el ex vicepresidente Amado Boudou, reclamándole la devolución de más de 230 millones de pesos correspondientes a su pensión vitalicia como ex funcionario, beneficio que le fue quitado tras quedar firme su condena penal por corrupción en la causa Ciccone.
El pedido formal exige que Boudou reintegre $236.066.031,25, cifra que corresponde a los haberes que percibió mientras aún cobraba la asignación mensual vitalicia, pese a haber sido condenado en 2018 por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. Además, el Gobierno solicita que se aplique la actualización correspondiente al monto percibido indebidamente.
Según informó el Ejecutivo en un comunicado, “los haberes fueron cobrados de manera indebida”, dado que la ley impide que personas con condenas penales firmes por corrupción accedan o mantengan jubilaciones de privilegio.
El caso por el que Boudou fue condenado se relaciona con la adquisición irregular de la ex Ciccone Calcográfica, empresa que luego fue estatizada durante su gestión como vicepresidente. El fallo fue confirmado por la Corte Suprema en 2020, lo que dejó firme la condena a cinco años y diez meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Esta acción legal representa un paso más en la política del gobierno de Javier Milei de avanzar contra los privilegios de ex funcionarios condenados por delitos de corrupción. La iniciativa también apunta a establecer un precedente frente a otros casos similares y a reforzar el mensaje de “tolerancia cero” frente al uso indebido de fondos públicos.
Desde el entorno de Boudou, hasta el momento, no se emitieron declaraciones en respuesta a la demanda oficial.
El Gobierno oficializó la quita de la jubilación de privilegio a Amado Boudou
