El fiscal federal Jorge Di Lello abrió hoy una investigación e imputó al ex presidente Mauricio Macri; al ex titular de la AFI en su gobierno, Gustavo Arribas, y a su ex segunda Silvina Majdalani, a raíz de la denuncia por supuesto espionaje ilegal presentada esta semana por la actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño.
La fiscalía imputó además a Dario Biorci, ex jefe de gabinete de la administración anterior de la AFI y a un grupo de agentes cuya identidad se mantiene en reserva, según el dictamen entregado al juez federal Macelo Martínez De Giorgi, al que accedió Télam.
El fiscal pidió medidas de prueba antes de resolver si pide la citación a declaración indagatoria de los imputados en el caso.
Según la denuncia de Caamaño, las evidencias de espionaje ilegal de correos electrónicos de al menos 85 funcionarios, ex funcionarios, políticos, periodistas e integrantes de fuerzas de seguridad surgió del hallazgo de un disco rígido cuyo contenido había sido borrado, pero fue recuperado.
Esta prueba quedó ahora guardada en la caja fuerte de la fiscalía con sede en el quinto piso de Comodoro Py 2002, junto a la documentación relacionada a la denuncia y el disco rigido «Western Digital» en cuyo contenido se basó la denuncia de Caamaño.
Entre las medidas que la fiscalía pidió al juez del caso Martínez De Giorgi, figura un pedido a la AFI para que remita a tribunales los legajos completos de los agentes identificados como «A» y «B», imputados en el caso, y «una nómina de todo el personal contratado desde diciembre del año 2015 hasta diciembre de 2019».
Además, requirió un «diagrama completo de la estructura de la secretaria desde el año 2015 al año 2019» y «todas las órdenes de reunión de información que existieran en esa agencia federal respecto de las personas detalladas en la denuncia»
También, que se cite en calidad de testigos al personal contratado «para que informen las instrucciones recibidas respecto a los hechos investigados, por parte de los ex funcionarios Arribas y Majdalani».
Además y preservando su identidad en base a la Ley 25.520 de Inteligencia, se reclamó que declaren como testigos los actuales «funcionarios y empleados de la AFI que participaran en el protocolo de recolección de datos» hecho sobre el disco rígido Western Digital «a fin de determinar con exactitud cuál fue el procedimiento de recuperación de datos del mismo».
El fiscal pidió al juez que ordene una «pericia oficial con personal especializado en el tema digital» sobre el disco rígido para -entre otros puntos- individualizar los «correos electrónicos que surgen», y, «si es posible, determinar su titularidad» y su «asunto», archivos adjuntos y contenido de los mails.
En la denuncia, Caamaño destacó que el material encontrado no había sido ordenado por ningún juez o autoridad competente.
Entre los presuntos espiados figuran la actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad y abogada de derechos humanos Elizabeth Gómez Alcorta; la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, y el diputado Rodolfo Tailhade.
También la ex titular de la Oficina Anticorrupción en el gobierno de Macri, Laura Alonso; el periodista Luis Majul, el ex diputado Nicolás Massot, el sindicalista Héctor Daer y el diputado nacional Mario Negri, entre otros.
