El presidente Alberto Fernández sorprendió ayer al anunciar que firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que dispone la intervención por 60 días de la empresa cerealera Vicentín Saic. Además confirmó que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley de expropiación para afrontar el proceso de concurso preventivo que podría derivar en su quiebra. Es una decisión estratégica para la economía nacional”, afirmó el mandatario, a la vez que aseguró que significa un paso adelante hacia la soberanía alimentaria” del país.
El 10 de febrero pasado, la empresa Vicentín, una de las principales compañías agroexportadoras de la Argentina, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, tras la cesación de pagos en la que cayó en diciembre, cuando no pudo hacer frente a deudas con proveedores por US$ 350 millones. En total, la deuda de Vicentín asciende a US$ 1.350 millones, de los cuales unos US$ 1.000 millones son con los bancos y otros US$ 350 millones con empresas del sector agrícola. El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, por un monto superior a los $ 18.000 millones, seguido por el Provincia, con $ 1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior, con $ 5 millones.
El anuncio fue realzado por Fernández en una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; por la senadora por Mendoza Anabel Fernández Sagasti, y por el designado interventor, Gabriel Delgado. El Presidente señaló que todos los activos del Grupo Vicentín pasarán a formar parte de un fondo fiduciario cuya gestión le será encomendada a YPF Agro, una unidad de negocio de la petrolera YPF. Al frente de la intervención estará Gabriel Delgado, un economista del Inta que fue secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca entre 2013 y 2015.
Queremos que la empresa siga funcionando, que los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo y que los 2.600 pequeños productores puedan seguir vendiéndole lo que producen”, subrayó el Presidente. A su tiempo, Kulfas destacó la importancia de tener una empresa testigo en el mercado de granos y en el mercado de cambios”.
Fuentes del gobierno adelantaron que el proyecto de ley buscará declarar a Vicentín como una empresa de utilidad pública y sujeta a expropiación para que pase a formar parte de un fondo fiduciario que administrará YPF Agro, con lo que se replicará el modelo de gestión mixta. La empresa cuenta con plantas de cereales y oleaginosas en las localidades santafesinas de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, una división de producción de Biodiesel (Renova), otra textil que incluye desmotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo concentrado de uva en San Juan, Vicentín Family Wines en Mendoza, además de acopio y exportación de miel (Promiel), producción ganadera y sedes en Montevideo, San Pablo y Asunción.
Un aportante que devino en insolvente
Vicentín entró en convocatoria de acreedores luego de que anunciara la cesación de pagos de su deuda a fines de 2019 como resultado de un proceso de vaciamiento. El principal acreedor de la empresa es el Banco Nación, que concentra el 80% de la deuda financiera. En febrero pasado, el fiscal federal Gerardo Pollicita imputó al ex presidente de la entidad Javier González Fraga e inició una investigación para determinar por qué el grupo agroexportador hizo figurar en el último balance las deudas en dólares y los activos en pesos.
Este punto habría provocado, según la sospecha de la Justicia, un desequilibrio financiero que podría haber llevado, con el argumento de estrés financiero, a la firma a la cesación de pagos y luego a una convocatoria de acreedores. El grupo Vicentín fue el principal aportante para la campaña electoral de Juntos por el Cambio (donó $13,5 millones de pesos), pero tras la derrota electoral, se mostró insolvente para afrontar los compromisos crediticios.
Fuerte rechazo de Juntos por el Cambio
En el Congreso tendrán oportunidad de compararnos con Venezuela o con el infierno”, ironizó ayer el Presidente al anunciar que enviará al Congreso un proyecto para expropiar la empresa Vicentín, anticipándose a la crítica que recibiría minutos después, esencialmente desde la principal fuerza opositora. En Juntos por el Cambio no dudaron en calificar la medida como peligrosa, ilegal e inconstitucional”, por medio de un comunicado. Es una locura por donde se lo mire, vamos a Venezuela más rápido de lo esperado”, sentenció el diputado Omar de Marchi (Pro-Mendoza).
En tanto, el ex ministro de Agricultura de Cambiemos y actual diputado nacional, Ricardo Buryaile (UCR-Formosa), cuestionó la decisión de Fernández por su alto nivel de intervencionismo. Parece que la intención es hacer funcionar a Vicentín como una Junta Nacional de Granos, que va a intervenir en el mercado como una empresa testigo”, afirmó.
