Es pronto para apreciar el exacto impacto político de la crisis provocada por la irrupción del Covid-19. La pandemia forzó a los gobiernos a gestionar la grave debacle sin manuales o recetas. En Argentina, los consensos que avizoramos desde mediados de marzo se van desgastando. Comienza a debatirse en clave de política doméstica” la actuación de los poderes del Estado por importantes sectores partidarios opositores y actores sociales.
El 15 de marzo, cuatro días después de que la devaluada Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el estado de pandemia, tras interactuar con gobernadores y oposición el presidente Fernández cerró fronteras y suspendió clases presenciales. El 19 de marzo, con 128 casos, declaró la cuarentena, con apoyo generalizado. ¿Madurez o espanto? En cualquier caso, Fernández afirmó un liderazgo transitorio pero indispensable para el manejo de la crisis.
Abril se deslizó en cuarentena, con poquísimas excepciones; transcurriendo las semanas, aparecieron reclamos por la situación económica y la poca efectividad de las medidas tomadas en ese sentido. Sorprendieron entonces contradicciones y chispazos entre actores del propio oficialismo. Se sumaron señalamientos -algunos fundados- a la gestión (compras públicas, ineficiencia de Anses, lentitud en la confirmación de casos) y a la inactividad legislativa y judicial.
En mayo, flexibilizado el aislamiento, entre las hendijas volvió a colarse la visión pendular: las exageradas críticas y la movilización por la defensa de la libertad” del pasado 25, tan difundida por cierta prensa (pese a sus escasos participantes) que inequívocamente remite a las movilizaciones antiperonistas de 1945 y 1955, son una prueba del esfuerzo por mantener viva la llama de la intolerancia política.
A estos impulsos se suma el posicionamiento de intelectuales, científicos y periodistas que definen al actual gobierno como una infectadura”, cuestionamientos por la actitud asumida por los gobiernos de CABA y Provincia de Buenos Aires (particularmente en las zonas vulnerables), y hasta un absurdo ataque a la memoria del doctor Ramón Carrillo por su eventual inclusión (junto a la médica Cecilia Grierson) en un presunto billete de 5.000 pesos. Mucha queja, ninguna propuesta.
Responsabilidades
A cargo de la gestión del complejo momento, sumando a la crisis económica precedente debe esta nueva complicación, el Gobierno siente el impacto. Incluso internamente: si durante los meses de verano se podían vislumbrar tensiones, los problemas pusieron de manifiesto las distintas miradas oficialistas: agenda propia del sector duro del kirchnerismo en el Congreso, relevamiento del titular de ANSES (la estructura gubernamental más importante en esta coyuntura y sobre la que en cierto modo pesa el debate sobre la futura sustentabilidad de la Argentina), contradanzas por el eventual impuesto a la riqueza”, facturas cruzadas por la convivencia entre Nación y Ciudad de Buenos Aires, discusiones por el alcance del pago del salario complementario (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, ATP) y medidas polémicas como la difusión del listado de las empresas beneficiarias y gravosas restricciones que implican la prohibición de distribuir utilidades, recomprar acciones u operar en la compraventa de títulos en pesos y dólares. Fernández tuvo que aclarar, ante la propuesta de que el Estado tome parte accionaria de los grupos económicos o empresas receptoras de beneficios (difundida por la diputada oficialista Fernanda Vallejos), que era una idea loca”.
La oposición sin compromiso ejecutivo (hay matices respecto a los pocos, bien valorados en sus distritos, que están gobernando), procura inflamar la voz de los sectores afectados por la situación económica y plantea una falsa dicotomía entre Estado de Derecho y autoritarismo (ante el dictado de DNU y otras normas desde el Ejecutivo) bajo un trillado slogan: la democracia está en peligro”. Que el Gobierno responde con otro improbable dilema: entre salud y economía, optamos por la salud”.
En las elecciones de octubre de 2019, las coaliciones Juntos por el Cambio y Frente de Todos, obtuvieron el 88% de los votos (mayor nivel de polarización desde 1983). La oposición se ha propuesto representar con vigor los valores conservadores, y consolidar el amplio espectro de la derecha nacional, manteniendo la estrategia seguida desde la derrota en las primarias de 2019. La agenda parece reducirse a avanzar en la dirección contraria a la planteada por Fernández, cualquiera sea esta última. ¿Es suficiente?
En países donde existe una dinámica de coaliciones y consensos (Alemania, Holanda, Croacia desde la superación de las crisis balcánicas en la década de 1990) es más fácil responder con entendimiento a la irrupción de turbulencias (y sus estilos para contener la pandemia, tan diferentes pero todos asumidos por la ciudadanía, demuestran esa cultura política); cuando la polarización es evidente, como en España, Estados Unidos, o la Argentina, el coronavirus profundiza la tendencia de confrontación. En el caso nacional, la tregua se resquebrajó.
Sin embargo, parece demasiado pronto para que la oposición plantee la resistencia ideológica. Su enfoque de la agenda es oportunista y la hora reclama intervenciones menos improvisadas y más comprometidas.
