El empresario Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Ramallo S.A., finalizó este viernes su declaración indagatoria ante el juez federal Ernesto Kreplak, en el marco de la investigación por las 96 muertes de pacientes vinculadas al fentanilo contaminado.
Según fuentes judiciales, García Furfaro, detenido esta semana junto a otros directivos de los laboratorios, “pudo decir todo lo que quería decir” durante su indagatoria. Paralelamente, su madre, Nilda Furfaro, accedió a prisión domiciliaria tras la solicitud de excarcelación presentada por su defensa.
La causa se sustenta en el artículo 201 bis del Código Penal argentino, que contempla penas de 10 a 25 años de prisión si el envenenamiento o adulteración de sustancias medicinales provoca la muerte de una persona. En caso de lesiones gravísimas, la pena es de tres años.
García Furfaro, que ya había sido condenado en 2002 por homicidio en grado de tentativa, es propietario de varios laboratorios y droguerías, entre ellos HLB Pharma Group, Ramallo S.A., Apolo, Alpharma S.A. y Droguería ABC 1 S.A. Además, enfrenta un proceso por contrabando agravado, tras declarar ante la Aduana una compra de maquinarias para medicamentos desde China por cinco millones de dólares, cuando en realidad costaron 500 mil dólares.
La investigación avanza mientras autoridades sanitarias y familiares de las víctimas esperan esclarecer cómo se produjo la tragedia y determinar la responsabilidad legal de los involucrados.
