El gobernador santafesino le presentó a Fernández un proyecto mediante el cual la provincia, a través de la Inspección de Personas Jurídicas, solicitará a la justicia que interviene en el concurso de acreedores, la «conformación de un Órgano de Intervención» durante todo el plazo que se extienda el proceso judicial y que no contempla una instancia de expropiación.
Se trata de una «alternativa superadora» a la propuesta que el Gobierno Nacional dispuso mediante el DNU 552, ya que si bien prevé una intervención en la conducción de la cerealera no contempla la alternativa expropiatoria con la cual se pensaba avanzar mediante su análisis en el Congreso, el punto más resistido desde distintos sectores empresariales.
Según la propuesta, que Perotti aseguró fue «consensuada con el presiente», el nuevo órgano de conducción debería estar integrado por los dos interventores propuestos por el Poder ejecutivo, Roberto Gabriel Delgado y Luciano Zarich, y sumaría a Alejandro Alberto Bento, a propuesta de la provincia.
Sobre el alcance de la intervención, el proyecto expone que «se trata de asumir las funciones de administración y representación, desplazando al directorio».
Esta posibilidad que acercó el gobernador santafesino ya se venía trabajando en los últimos días, aunque se dio a conocer pocas horas después de que el juez de primera instancia en lo Civil y Comercial de la ciudad santafesina de Reconquista, Fabián Lorenzini, restituyó la administración de la empresa Vicentin SAIC a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Ejecutivo.
Perotti expresó anoche que el presidente «acompaña» su propuesta porque «su mayor deseo es que la empresa sea rescatada y quede en manos de los argentinos», en declaraciones posteriores al canal de noticias C5N.
El gobernador manifestó su deseo de que la Justicia resuelva «en el menor tiempo posible» para que Santa Fe pueda poner «manos a la obra dentro del concurso, en resguardo de los intereses legítimos de los trabajadores, acreedores, pequeños y medianos productores, la provincia de Santa Fe».
En el fallo dado a conocer pasado el mediodía, el juez Lorenzini a la vez se declaró incompetente respecto del planteo de inconstitucionalidad sobre la medida adoptada por el gobierno nacional, presentado por accionistas de la cerealera santafesina.
Según el escrito, la medida regirá por 60 días y podrá ser eventualmente prorrogada por un nuevo plazo.
A la vez, el juez que entiende en el concurso preventivo de la agroexportadora, corrió vista a los interventores por un plazo de cinco días para que puedan contestar la demanda y efectuar los planteos que juzguen necesarios”, y le pidió que se expida a la Sindicatura del concurso.
La resolución de Lorenzini, adoptada a partir de un planteo de un grupo de accionistas de Vicentin sobre la presunta inconstitucionalidad del DNU que dispuso la intervención, establece que los administradores naturales de la sociedad concursada, elegidos por la última Asamblea Ordinaria de Accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados”.
Además, resolvió que los interventores designados en el DNU 522/2020 podrán continuar desarrollando su tarea, con el grado de veedores controladores”.
En sus fundamentos para restituir la administración de Vicentin SAIC a sus directivos, Lorenzini resaltó que se está en presencia de una empresa de enormes dimensiones y con un rol preponderante en el mercado nacional e internacional de granos”.
Además, señaló que su patrimonio debe ser administrado con el grado de experticia que asegure su adecuada gestión dado que, justamente de ello dependerá su continuidad operativa, la reinserción en el mercado de granos internacional y la exitosa negociación con los acreedores concursales y post concursales”.
Para el juez, la intervención ha signado el proceso concursal en una suerte de impasse” ya que amenaza con afectar negativamente su giro comercial y actividad industrial”.
Vicentin SAIC se declaró en cesación de pagos el 5 de diciembre de 2019 ante una situación que consideró de estrés financiero” que le hizo imposible afrontar sus compromisos comerciales y con entidades del sistema financiero local e internacional por unos US$ 1.350 millones.
Tras intentar sin éxito durante la feria judicial de enero arribar a un Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) con sus acreedores, el 10 de febrero presentó su propio concurso, luego de un pedido de quiebra de un acreedor.
El juez Lorenzini abrió el concurso el 5 de marzo pasado y hasta ahora se presentaron a verificar créditos 2.368 acreedores por un monto de 99.345 millones de pesos, aunque el plazo fue extendido hasta el 25 de agosto.
El principal acreedor de la compañía es el Banco de la Nación Argentina, que reclama una acreencia de $18.128 millones.
