La jueza Julieta Makintach fue imputada por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios en la causa en la que se la investiga por la realización de un documental que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
Los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, quienes llevan adelante la investigación en San Isidro, sostienen en el escrito de 42 páginas hay elementos suficientes para endilgarle a la magistrada dichos delitos.
“De las heterogéneas evidencias recabadas en la investigación preliminar, surgieron graves irregularidades que comprometen penalmente a la magistrada denunciada”, destaca el escrito.
Los tres fiscales expresaron que la jueza aceptó la propuesta comercial efectuada por Maria Lía Vidal Alemán, “bajo la promesa de poder obtener beneficios económicos futuros directos”.
Un punto importante que se menciona es que ambas procuraron que Juan Manuel D’Emilio se ocupara de la producción del proyecto, mientras que Makintach debía ocuparse de los puntos esenciales dentro del Tribunal.
En este sentido, se comprometió a “habilitar las locaciones del edificio público de Tribunales de San Isidro, facilitar la obtención de imágenes fílmicas desde el interior de la sala de audiencias donde transcurría el debate y asumir el rol de presidente del Tribunal del juicio para adquirir un mayor protagonismo”.
Esta imputación se logró ante el análisis de las cámaras de seguridad y diversas declaraciones, las cuales permitieron dar cuenta de la responsabilidad de la magistrada en el entramado de la producción audiovisual, el cual se iba a llamar “Justicia Divina”.
Ante todo lo expuesto, requirieron que se lleve adelante el juicio político en su contra y su desafuero para avanzar en su indagatoria.
