La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) expresó su enérgico repudio al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente sancionada por el Congreso de la Nación con amplio respaldo parlamentario. Según la entidad, la decisión representa un ataque directo al sistema universitario nacional y pone en riesgo su funcionamiento en medio de una crisis sin precedentes.
En un comunicado oficial, ADPRA advirtió que el veto presidencial lesiona el principio republicano de división de poderes, al desoír la voluntad del Congreso, órgano representativo del pueblo y las provincias. Además, señaló que la medida debilita los consensos democráticos fundamentales y atenta contra la autonomía universitaria, un pilar consagrado por la reforma universitaria de 1918.
La ley vetada tenía como objetivo garantizar recursos adecuados y previsibles para el sostenimiento de las universidades públicas, en un contexto de creciente preocupación por la falta de fondos y el deterioro de la infraestructura educativa. Desde ADPRA señalaron que la educación superior no puede ser objeto de decisiones discrecionales de los gobiernos de turno y recordaron que el derecho a enseñar y aprender está amparado por la Constitución Nacional (artículo 14) y por tratados internacionales con jerarquía constitucional.
“La universidad pública argentina no es solo un espacio de formación académica, sino un motor de movilidad social, producción de conocimiento y soberanía cultural, tecnológica y científica”, indicaron desde la Asociación. Y agregaron: “Desfinanciarla es retroceder hacia un modelo elitista, negando derechos conquistados por generaciones enteras”.
ADPRA también enfatizó que la educación pública es un derecho humano fundamental, reconocido por instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y el Protocolo de San Salvador. En ese sentido, sostuvieron que cualquier política que limite el acceso a la educación superior afecta no solo a estudiantes, docentes y trabajadores, sino al conjunto del país.
“El debilitamiento de las universidades públicas compromete el presente y el futuro de la sociedad argentina”, concluyó el comunicado, subrayando que atacar la universidad pública es también intentar silenciar el pensamiento crítico y romper con un legado de inclusión y democracia educativa que tiene más de un siglo en el país.
