La actividad parlamentaria en el Congreso de la Nación ingresó en un nuevo callejón sin salida, al menos en la Cámara de Diputados, tras caducar el miércoles pasado el protocolo acordado para realizar sesiones a distancia y la negativa de la oposición de prorrogarlo. Así las cosas, todo indica que, por lo menos hasta que culmine el nuevo período de aislamiento estricto decretado para el área metropolitana de Buenos Aires, el funcionamiento de la Cámara baja será ínfimo, un freno que obliga al oficialismo a postergar la presentación de algunos proyectos de sumo interés para su espacio, como el debate por el gravamen a las grandes fortunas y la creación de una comisión bicameral que investigue la relación de la empresa Vicentin con el Banco Nación durante la gestión de Cambiemos. En Diputados, el Frente de Todos no cuenta con mayoría propia y necesita de una decena de aliados para alcanzar el quórum.
Días atrás, referentes de Juntos por el Cambio le plantearon a Sergio Massa, presidente del cuerpo, el regreso de las sesiones presenciales pese a que el nuevo virus se expande en forma considerable en Buenos Aires y que el principal número de diputados tiene residencia en el interior del país. Desde el Frente de Todos sostienen que se trata de una estrategia para clausurar los debates parlamentarios. Entendemos que tenemos que sesionar de manera presencial. Desde ya que las sesiones se tendrán que hacer en un lugar más amplio y cumpliendo todos los protocolos sanitarios”, afirmó Alfredo Cornejo, diputado y titular de la UCR a nivel nacional. En el mismo sentido se expresó el diputado del PRO, Jorge Enriquez, que señaló: No puede ser que nos estemos turnando para ir al recinto. Las sesiones tienen que ser presenciales, están dadas las condiciones para que así sea”. Así las cosas, fuentes parlamentarias confirmaron la posibilidad de no realizar sesiones entre el 1 y el 17 de julio aunque sí se prevé el trabajo en varias comisiones con informes de ministros del Poder Ejecutivo.
Otro panorama ocurre en el Senado, en donde en los próximos días el oficialismo avanzará con el tratamiento en comisión de la ley que regula el teletrabajo, la iniciativa que crea la Campaña Nacional de Donación de Plasma de los pacientes recuperados de coronavirus y la norma de economía del conocimiento. Los tres proyectos ya cuentan con media sanción de Diputados y el Frente de Todos apuesta a convertirlos en ley antes del 10 de julio. En ese recinto el oficialismo tiene el número necesario para habilitar sesiones y sancionar leyes.
Revisiones a la contribución extraordinaria
La intención del oficialismo de generar un gravamen por única vez a las grandes fortunas para paliar una porción de la debacle económica provocada por la pandemia también quedó inmersa en un mar de dudas desde que se anunció hasta ahora, dado que ningún proyecto ingresó al Congreso. Sin el consenso necesario para discutirlo en el recinto, el Frente de Todos se vio obligado a reinventar el proyecto para lograr que finalmente una parte de la oposición acompañe la iniciativa. Al parecer, el texto de la ley establecerá una nueva aplicación específica para lo recaudado.
Consiste en financiar el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), una norma que fue inspirada por el papa Francisco, aprobada durante de la gestión de Mauricio Macri -que tuvo entre sus impulsores a Elisa Carrió- pero que luego no avanzó en su ejecución. La nueva fecha de presentación del proyecto sobre una contribución extraordinaria sería ni bien finalice la última prórroga del aislamiento que dispuso Alberto Fernández, esto es, el 17 de julio.
