El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, renovó por 30 días la declaratoria de “estado de excepción” en cuatro provincias y cantón (municipio), por “grave conmoción interna”, ante el desbordamiento de actos violentos, informó el Gobierno.
El mandatario tomó la decisión a través del Decreto Ejecutivo 175 difundido por la Presidencia, en el que señaló que es necesario recurrir a “medidas extraordinarias y temporales” para enfrentar al crimen organizado, al que se atribuye la actual crisis de seguridad que golpea al país.
El estado de excepción, que rige desde agosto pasado, abarca a las provincias costeras de Guayas, El Oro, Los Ríos y Manabí, así como el cantón (municipio) Echeandía, en la provincia de Bolívar (centro).
“El objetivo final del estado de excepción es garantizar el orden público, la paz social y la convivencia pacífica de losciudadanos”, señaló el presidente en el decreto. La medida establece la suspensión de los derechos a la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, indica un informe de la agencia de noticias Xinhua.
De esta manera, se faculta a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a realizar allanamientos, operativos e inspecciones. El Presidente apuntó en el decreto que el accionar conjunto de las fuerzas del orden permitió que los grupos armados organizados continúen perdiendo su control territorial en ciertas zonas del país y debilitar sus estructuras.
Sin embargo, estos grupos “buscan otras formas de transformar su accionar criminal y trasladar a otras zonas su violencia”, señaló. Precisó que, según un reporte del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, del 1 al 30 de septiembre pasado se registraron 6.210 emergencias relacionadas con delitos de violencia en las citadas provincias.
Mencionó entre esos delitos robo a personas, tenencia ilícita y consumo de sustancias sujetas a fiscalización y extorsión, por lo que justificó la renovación del estado de excepción para evitar un “mayor escalamiento” de la violencia.
Ecuador libra desde enero de 2024 un “conflicto armado interno”, declarado por el presidente Noboa, contra 22 bandas criminales calificadas como “terroristas”.
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