El Gobierno nacional confirmó que apelará una eventual decisión judicial que rechace la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires, luego de que La Libertad Avanza (LLA) solicitara actualizar el material electoral tras la salida de José Luis Espert y la incorporación de Diego Santilli como nuevo cabeza de lista.
Según explicaron fuentes de Casa Rosada, el oficialismo argumentará que la ley prohíbe a los partidos políticos asumir por cuenta propia el gasto que implicaría una reimpresión completa, cuyo costo se estima en más de 15 mil millones de pesos. “Si la Justicia no autoriza el cambio, el Gobierno apelará, porque LLA no puede legalmente excederse de los topes de campaña”, aseguró un funcionario nacional.
El planteo se da en paralelo al dictamen emitido por la fiscal electoral bonaerense Laura Roteta, quien consideró que, tras la renuncia de Espert, corresponde que Karen Reichardt, segunda en la nómina original, encabece la lista de diputados nacionales de LLA. La fiscal propuso un corrimiento ascendente de los restantes candidatos, aunque la resolución final quedará en manos del juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, quien se expedirá este miércoles.
En tanto, los apoderados del espacio libertario, Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba, presentaron un escrito ante la Justicia Electoral solicitando la reimpresión de boletas con el nombre e imagen de Santilli, quien en los últimos días intensificó su presencia en la campaña junto al presidente Javier Milei.
Desde el entorno del mandatario señalaron que no se han producido modificaciones en el Gabinete y descartaron que las haya antes de las elecciones del 26 de octubre. Además, confirmaron que el ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Gerardo Werthein continuarán en Washington hasta la reunión que Milei mantendrá con Donald Trump el próximo 14 de octubre, donde se prevé avanzar en un acuerdo comercial bilateral.
Mientras tanto, la polémica por las boletas sigue creciendo. Desde la oposición advirtieron que el pedido del oficialismo viola los plazos establecidos en el Código Nacional Electoral, cuyo artículo 63 fija en 60 días previos a los comicios el límite para introducir modificaciones o impugnaciones.
Un integrante del equipo legal de LLA desmintió, no obstante, que ya se haya impreso más de la mitad de las papeletas, como sostiene la oposición, y aseguró que “aún se está a tiempo” de realizar los ajustes solicitados.
El conflicto abre un nuevo frente judicial para el Gobierno, en medio de una campaña marcada por tensiones internas, negociaciones internacionales y la expectativa de un cierre de filas entre Javier Milei y el PRO en territorio bonaerense.
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