La gestión de Javier Milei es, proporcionalmente, la que más decretos de necesidad y urgencia (DNU) emitió en comparación con las de sus tres antecesores, según un relevamiento elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
El estudio, titulado “De la excepción a la regla”, analiza el uso de los DNU entre 2011 y 2024, durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y el actual mandatario, y concluye que la herramienta “se ha naturalizado como mecanismo habitual de gobierno”, pese a que la Constitución la reserva para “situaciones excepcionales”.
De acuerdo con los datos del informe, Milei firmó 50 DNU en su primer año de gestión, lo que equivale al mayor promedio anual de los últimos cuatro gobiernos. Le siguen Alberto Fernández con 44,25, Macri con 17,5 y Cristina Fernández con 11,75.
En total, entre 2011 y 2024 se dictaron 344 decretos de necesidad y urgencia, mientras que el Congreso sancionó 1.058 leyes, lo que equivale a un DNU cada tres leyes aprobadas. Solo uno de esos decretos fue rechazado por ambas cámaras, lo que, según la ACIJ, demuestra “la dificultad práctica del Parlamento para ejercer su función de control”.
“De la excepción a la regla”
El informe fue presentado durante un encuentro que reunió a referentes políticos, judiciales y académicos. Participaron el diputado Esteban Paulón (Encuentro Federal), la senadora Guadalupe Tagliaferri (PRO), el juez Guillermo Treacy, la constitucionalista Lorena González Tocci, y los representantes de la ACIJ Patricio Méndez Montenegro y Celeste Fernández.
Durante la presentación, los expositores coincidieron en que la figura del DNU, prevista en el artículo 99, inciso 3° de la Constitución Nacional, se ha desvirtuado. “La excepción se convirtió en la regla”, señaló la entidad, advirtiendo que los gobiernos de distintos signos políticos apelaron a esta herramienta para “regular las más diversas situaciones jurídicas” sin la intervención del Congreso.
Uno de los puntos más criticados fue el DNU 70/2023, firmado por Milei en diciembre pasado, que derogó y modificó una amplia gama de leyes y códigos. “Hasta entonces, casi todos los DNU regulaban un único tema; este marcó un salto en su alcance y volumen”, subrayó la ACIJ.
Críticas cruzadas
El diputado Esteban Paulón calificó los decretos de Milei como “inconstitucionales” y sostuvo que representan un “avasallamiento de las funciones del Congreso”. “El Presidente debe entender que vivimos en una República, donde el diálogo y el consenso son la base del funcionamiento democrático”, afirmó.
Por su parte, la senadora Guadalupe Tagliaferri advirtió sobre un uso “abusivo e improvisado” de la herramienta. “Aplicar la motosierra sin criterio no es gobernar con inteligencia. En muchos casos, el propio Ejecutivo terminó perjudicándose”, aseguró, en alusión a medidas que afectaron organismos como el INTI, el INTA y el Banco Nacional de Datos Genéticos.
El informe concluye que la tendencia al uso recurrente de los DNU refleja un desequilibrio institucional persistente y reabre el debate sobre la necesidad de reformar el régimen legal que los regula, tema que justamente esta semana se discute en el Congreso.
Con el quórum al límite, la oposición intenta avanzar en Diputados con la reforma de la ley de DNU
