La Policía Civil de Río de Janeiro publicó este lunes el perfil con imágenes de 115 de las 117 personas fallecidas en la “Operación Contenção”, llevada a cabo el pasado 28 de octubre en los complejos do Alemão y Penha, en la zona norte de la ciudad.
Según el informe policial, “más del 95% de los identificados tenían vínculos comprobados con el Comando Vermelho”, una de las mayores organizaciones criminales de Brasil, y el 54% provenía de otros estados. Solo dos informes arrojaron resultados no concluyentes.
El documento, citado por Agência Brasil, fue elaborado por la Defensoría General del Pueblo del Estado de Río de Janeiro.
De acuerdo con la Policía Civil, 97 de los fallecidos tenían antecedentes penales significativos, mientras que 59 contaban con órdenes de arresto pendientes.
El comunicado oficial también reconoce que 17 personas no tenían antecedentes, pero sostiene que, tras investigaciones posteriores, “12 mostraron evidencia de participación en el tráfico de drogas en sus redes sociales”.
La lista policial cataloga a los fallecidos como “neutralizados” e indica que 62 eran originarios de otros estados, entre ellos: 19 de Pará, 9 de Amazonas, 12 de Bahía, 4 de Ceará, 2 de Paraíba, 1 de Maranhão, 9 de Goiás, 1 de Mato Grosso, 3 de Espírito Santo, 1 de São Paulo y 1 del Distrito Federal.
Otro informe señala que en Río de Janeiro operan líderes de organizaciones criminales de 11 estados, provenientes de cuatro de las cinco regiones del país.
El principal objetivo del operativo, Edgar Alves de Andrade, alias “Doca”, identificado como líder del Comando Vermelho (CV), sigue prófugo seis días después del despliegue policial.
Ninguna de las personas fallecidas había sido formalmente denunciada ante el Departamento de Justicia por la Fiscalía del Estado de Río de Janeiro.
Ante las denuncias y cuestionamientos, el Colegio de Abogados de Río de Janeiro (OAB-RJ) anunció la creación de un observatorio para monitorear la actuación de las policías Civil y Militar durante la Operación Contenção.
En paralelo, el ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), ordenó el domingo al Gobierno de Río de Janeiro que preserve todos los elementos materiales relacionados con el operativo en las comunidades de Penha y Alemão, incluidos informes periciales y cadenas de custodia, para garantizar la autenticidad de las pruebas.
El objetivo de la medida, explicó Moraes, es permitir “el control y la investigación de las actuaciones policiales” por parte del Ministerio Público y asegurar el acceso de la Defensoría del Pueblo de Río de Janeiro a la información.
El magistrado actuó como relator de la ADPF de las Favelas, un proceso del STF que establece condiciones para las operaciones policiales en comunidades cariocas.
La decisión respondió a una solicitud de la Defensoría Pública de la Unión (DPU), presentada el jueves, que exigía “la preservación íntegra de todas las pruebas periciales y de su cadena de custodia”, así como el derecho a realizar peritajes independientes, luego de que la Defensoría de Río denunciara que se le impidió presenciar los exámenes forenses.
En un contexto de creciente violencia urbana, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, firmó un decreto que autoriza el uso de las Fuerzas Armadas en operaciones de Garantía de la Ley y del Orden (GLO) en la ciudad de Belém do Pará (norte) hasta el 23 de noviembre, con el fin de reforzar la seguridad durante la Cumbre de Líderes y la 30ª Conferencia de las Partes (COP30) de la ONU sobre Cambio Climático.
El decreto, solicitado por el gobernador Helder Barbalho, sigue el modelo de operaciones previas de seguridad aplicadas durante la Cumbre del G20 y la reunión de los Brics en Río de Janeiro.
La Cumbre del Clima se celebrará en Belém los días 6 y 7 de noviembre, y la COP30 se desarrollará del 10 al 21 de noviembre.
