Un informe de Human Rights Watch (HRW) y la organización centroamericana Cristosal denunció que 252 migrantes venezolanos deportados por Estados Unidos fueron sometidos a torturas, violencia sexual y otros tratos inhumanos en la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, donde permanecieron recluidos entre marzo y julio de 2025.
El documento, titulado “Han llegado al infierno: tortura y otros abusos contra venezolanos en la megacárcel de El Salvador”, describe abusos sistemáticos cometidos por las fuerzas de seguridad salvadoreñas bajo el gobierno de Nayib Bukele, y acusa a la administración del entonces presidente estadounidense Donald Trump de complicidad directa en las violaciones de derechos humanos.
Según HRW, los deportados fueron trasladados a El Salvador en vuelos contratados por el gobierno estadounidense, que los acusó sin pruebas de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua, designado como organización terrorista por Washington. Sin embargo, la investigación de HRW y Cristosal concluye que casi la mitad de los deportados no tenía antecedentes penales, y solo el 3% había sido condenado por delitos violentos.
“La administración Trump pagó a El Salvador millones de dólares para detener arbitrariamente a venezolanos que luego fueron sometidos casi a diario a golpizas brutales”, señaló Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW. “Estos hechos constituyen tortura, desaparición forzada y violaciones graves del derecho internacional”, añadió.
Los investigadores entrevistaron a 40 de los migrantes liberados y a más de 150 familiares, abogados y testigos. Los testimonios describen palizas diarias, humillaciones, aislamiento prolongado y violencia sexual. Un ex detenido relató que los guardias los obligaron a arrodillarse al llegar al Cecot, donde el director del penal les dio la “bienvenida” con una frase escalofriante: “Han llegado al infierno”.
Tres venezolanos denunciaron haber sufrido violencia sexual. HRW sospecha que el número de víctimas podría ser mayor, pero muchas personas callaron por miedo o vergüenza.
El informe también detalla condiciones infrahumanas dentro del penal: hacinamiento, alimentación inadecuada, falta de atención médica y aislamiento total del exterior. Los detenidos permanecieron incomunicados durante meses; ni sus familias ni sus abogados sabían dónde estaban. Al negarse ambos gobiernos a informar sobre su paradero, HRW y Cristosal sostienen que incurrieron en el delito de desaparición forzada.
Cristosal, que cerró sus oficinas en El Salvador en julio de 2025 denunciando una “escalada represiva” contra defensores de derechos humanos, comparó la cooperación de Estados Unidos con el régimen de Bukele con el escándalo de Abu Ghraib, en Irak. “Washington contrató un sistema penitenciario extranjero para ejecutar su propia política de crueldad”, afirmó Noah Bullock, director ejecutivo de la ONG.
Entre marzo y abril de 2025, Estados Unidos transfirió al menos 4,7 millones de dólares a El Salvador para cubrir los costos de detención de los venezolanos. La deportación se justificó invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, utilizada históricamente en contextos de guerra, con el argumento de que el Tren de Aragua representaba una amenaza a la seguridad nacional. HRW y Cristosal calificaron esa decisión como un uso arbitrario y discriminatorio de la ley.
En julio, tras cuatro meses de reclusión, los 252 venezolanos fueron liberados y repatriados a su país como parte de un canje de prisioneros entre Washington, San Salvador y Caracas, que permitió la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses y unos 80 presos políticos venezolanos. Bukele confirmó el acuerdo en su cuenta de X, defendiendo la medida y señalando que “todos los venezolanos detenidos” eran miembros del Tren de Aragua.
“No somos terroristas, éramos migrantes”, dijo uno de los sobrevivientes. “Fuimos a Estados Unidos buscando protección y terminamos en una prisión de un país que ni siquiera conocíamos, tratados peor que animales”.
HRW advirtió que el retorno de los migrantes a Venezuela violó el principio internacional de no devolución, ya que fueron enviados a un país donde enfrentan riesgos previsibles de persecución y tortura. Algunos ex detenidos denunciaron hostigamiento posterior por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), que los obligó a grabar videos negando los abusos sufridos en El Salvador.
El informe concluye que las políticas migratorias de Estados Unidos bajo Trump violaron obligaciones internacionales de protección, y que su cooperación con el gobierno de Bukele “sentó un precedente peligroso de externalización del abuso”.
