El Gobierno nacional formalizó la entrada en vigor del Presupuesto para la Administración Pública Nacional correspondiente al ejercicio 2026, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Ley 27.798 que sancionó el Congreso.
La norma fija los parámetros del programa económico del gobierno de Javier Milei, con superávit de las cuentas públicas y un criterio de baja de impuestos si el saldo a favor es mayor al previsto y de recorte de partidas en caso de que sea menor.
La ley fue sancionada durante el último período de sesiones extraordinarias que celebró el Congreso Nacional. Se estima para el Sector Público Nacional un excedente financiero de $ 2.734.029.655.055.
Para alcanzar esta meta, el cálculo de recursos totales se fijó en $ 148,29 billones. Por su parte, el total de los gastos corrientes y de capital autorizados para el mismo periodo asciende a $ 148,06 billones.
En cuanto a la distribución del gasto por finalidad, los Servicios Sociales concentran la mayor partida con $ 106,52 billones.
Le siguen en importancia el pago de la deuda pública con $ 14,11 billones, los Servicios Económicos con $ 11,45 billones, la Administración Gubernamental con $ 8,85 billones y los Servicios de Defensa y Seguridad con $ 7,11 billones.
Para el funcionamiento y programas de las universidades nacionales, la ley asigna un presupuesto de $ 4,78 billones. El texto aclara que las instituciones deben presentar información sobre el uso de los fondos ante la Secretaría de Educación, bajo riesgo de que se interrumpan las transferencias en caso de incumplimiento.
En el área de previsión social, se destinan $ 212.288 millones para el pago de deudas judiciales y administrativas de la ANSES. Además, se contemplan $ 122.762 millones para asistir a las cajas previsionales de las provincias que no transfirieron sus sistemas al Estado nacional.
Respecto a las herramientas de financiación, el Ejecutivo cuenta con autorización para emitir Letras del Tesoro por un valor nominal de hasta $ 70 billones. Asimismo, se fijaron topes para el uso transitorio de crédito a corto plazo: $ 4 billones para la Tesorería General de la Nación y $ 2,5 billones.
Finalmente, la norma impone restricciones a la cobertura de vacantes en la administración pública, exigiendo la autorización previa de la Jefatura de Gabinete para nuevos nombramientos. También se mantienen exenciones de impuestos y derechos de importación para vacunas y medicamentos de programas sanitarios nacionales.
