El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este jueves la liberación de “un número importante” de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, como un “gesto del Gobierno” orientado a la búsqueda de la paz y la unión nacional.
El anuncio fue realizado mediante un mensaje en video transmitido por el canal estatal Telesur, en el que Rodríguez aseguró que los procesos de excarcelación comenzaron “desde este mismo momento”, aunque sin precisar cifras ni plazos concretos.
“El Gobierno bolivariano ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, como un gesto de amplia intención de búsqueda de la paz”, afirmó el jefe del Parlamento.
Liberación de ciudadanos españoles
Entre los primeros liberados se encuentran cinco ciudadanos españoles, que ya se preparan para regresar a España, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores español.
El canciller José Manuel Albares confirmó las identidades de los excarcelados: José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.
“El Gobierno de España traslada su alegría a estos ciudadanos, a sus familiares y amigos. El ministro ha podido hablar con todos ellos personalmente”, informó la Cancillería española a través de la red social X.
España calificó la decisión como “un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela”, destacando los lazos históricos y fraternales entre ambos pueblos.
Contexto político y reacción opositora
El Gobierno venezolano definió la medida como un “gesto de paz unilateral”, y aclaró que no fue acordado con ninguna otra parte. El anuncio se produjo en un contexto político especialmente sensible, pocos días después de una operación de Estados Unidos que derivó en un cambio en la cúpula del poder, con la asunción de Delcy Rodríguez al frente del Ejecutivo.
En contraste, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora, reclamó la liberación inmediata de todos los presos políticos, así como el cese de la represión y el desarme de civiles armados, como condiciones indispensables para avanzar hacia una transición democrática.
“No puede hablarse de una transición democrática mientras estas medidas no se lleven a cabo”, sostuvo la PUD en un comunicado difundido en Instagram.
Según el último informe de la ONG Foro Penal, al 5 de enero había 806 presos políticos en Venezuela detenidos sin garantías de debido proceso. Un día antes, la cifra ascendía a 863 personas, lo que reflejaría las primeras liberaciones tras el anuncio oficial.
Entre los detenidos se encuentran ciudadanos extranjeros, incluidos tres vinculados a la Argentina: Nahuel Gallo, Germán Giuliani y Yacoov Harari, cuyos casos continúan bajo seguimiento de organizaciones de derechos humanos.
El caso más conocido es el de Nahuel Gallo, gendarme argentino detenido el 8 de diciembre de 2024, cuando ingresó desde Colombia a Venezuela para visitar a su pareja y a sus hijos. Permanece detenido e incomunicado, mientras su familia se encuentra actualmente en Argentina.
Germán Giuliani, abogado argentino, fue detenido de forma arbitraria en mayo de 2025. Había ingresado al país por motivos laborales y, desde el 21 de diciembre, su familia no ha vuelto a tener contacto con él.
Por su parte, Yacoov Harari, ciudadano israelí-argentino de 72 años, habría sido arrestado el 10 de octubre de 2024, también al cruzar la frontera desde Colombia, en un caso rodeado de fuerte hermetismo oficial.
Hasta el momento, el Gobierno venezolano no ha precisado cuántas personas serán liberadas ni en qué plazos, mientras la situación de los detenidos continúa siendo objeto de atención internacional.
Reacción de la Casa Blanca
La Casa Blanca se refirió este jueves al anuncio de liberación, señalando que la medida fue posible gracias a la “máxima presión” ejercida por el presidente Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas.
“Este es un ejemplo de cómo el presidente está usando la máxima presión para hacer lo correcto tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano”, afirmó la portavoz adjunta Anna Kelly.
La administración estadounidense sostuvo que estas acciones forman parte de un compromiso para promover la democracia y los derechos humanos en la región y subrayó que la Casa Blanca mantendrá su enfoque para lograr avances concretos en Venezuela, aplicando su influencia para “beneficiar a ambos países”.
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