El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, presentó una denuncia penal contra el Tribunal de Cuentas de Córdoba para que el Ministerio Público Fiscal investigue la intervención ejercida en el Expediente Administrativo N.º 0002-050337/2025, que impidió la compra de drones destinados a tareas de seguridad.
La denuncia fue formulada conforme a los artículos 314, 315 y concordantes del Código Procesal Penal provincial y apunta a determinar si la resolución mediante la cual se observó el gasto y se negó el visado del expediente se ajustó a los límites legales del control preventivo de juridicidad o si, por el contrario, se produjo una extralimitación de funciones.
Según el comunicado oficial del Gobierno de Martín Llaryora, el Tribunal de Cuentas habría fundado su decisión en criterios de oportunidad, mérito o conveniencia, que resultan ajenos y legalmente vedados a la competencia del órgano de control. En ese sentido, se advierte que dicha actuación podría constituir una injerencia en atribuciones propias del Poder Ejecutivo, afectando el principio de división de poderes.
“En razón de la gravedad institucional de los hechos y ante la posible comisión de delitos vinculados al ejercicio abusivo de la función pública, se promovió la correspondiente acción para que la Justicia determine el alcance y la legalidad de la actuación desplegada”, sostiene la presentación.
El conflicto se da en el marco de la licitación para la compra de drones Harpia, por un monto de US$6,8 millones, una operación que quedó en el centro de la polémica política.
Al fundamentar la denuncia, el ministro afirmó: “Sin elementos para sostener acusaciones y agravios de extrema gravedad, muchos de ellos de carácter personal, entendemos que, en nuestra calidad de funcionarios públicos, corresponde realizar esta denuncia penal para que sea la Justicia quien tenga la última palabra”.
Quinteros consideró que se está ante un claro abuso de autoridad, con dos objetivos concretos: obstruir de manera indefinida la incorporación de tecnología de punta, con impacto directo en la seguridad pública y ciudadana, y brindar a un jefe político un marco discursivo para instalar una campaña falaz y estigmatizante, utilizando instituciones públicas con fines personales.
En ese marco, cuestionó expresiones como “fraude”, “corrupción”, “traje a medida”, “sobreprecios” o “cajas negras”, utilizadas por sectores opositores. “Dichas con semejante liviandad e irresponsabilidad, no pueden quedar sin consecuencias. Que quede claro: todo tiene un límite”, concluyó.
La presentación judicial profundiza el cruce entre oficialismo y oposición en la antesala del período legislativo 2026, donde la licitación de drones y el endeudamiento provincial se consolidaron como uno de los principales focos de tensión política.
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