La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una ley de amnistía general que abarcará hechos vinculados a la violencia política desde 1999 hasta la actualidad y ordenó el cierre definitivo de la cárcel de El Helicoide, en Caracas, señalada durante años por organizaciones de derechos humanos como un centro de detención y torturas.
El anuncio fue realizado durante la apertura del año judicial en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y transmitido por la señal estatal Venezolana de Televisión. La iniciativa será enviada con carácter de urgencia a la Asamblea Nacional (AN), donde el oficialismo tiene mayoría.
Alcance de la amnistía
Según explicó Rodríguez, el objetivo es “reparar las heridas que ha dejado la confrontación política y reencauzar la convivencia entre los venezolanos”. La mandataria pidió a los detenidos y a quienes hayan sido excarcelados que no prevalezcan “la venganza ni el odio”.
La propuesta excluye de la amnistía a personas procesadas o condenadas por homicidio, narcotráfico, corrupción y violaciones graves a los derechos humanos. Sin embargo, el texto completo del proyecto aún no fue difundido, por lo que no se conocen los criterios específicos para determinar quiénes serán alcanzados.
Datos de organizaciones civiles
La organización Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, informó que actualmente hay 711 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela. Desde el inicio del nuevo proceso de excarcelaciones, el 8 de enero, se liberaron 302 detenidos, aunque la organización sostiene que más de 11.000 personas continúan con restricciones arbitrarias de su libertad.
Diversas organizaciones no gubernamentales, como Surgentes, el Comité de Madres por la Verdad y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), habían solicitado días atrás una amnistía amplia para activistas, periodistas, militares y manifestantes detenidos en distintos contextos políticos.
El cierre del Helicoide
Rodríguez también ordenó el cierre de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). El edificio será transformado en un espacio social, deportivo, cultural y comercial destinado a la familia policial y a las comunidades cercanas.
Este penal fue señalado en reiteradas oportunidades por organismos nacionales e internacionales por presuntas violaciones a los derechos humanos.
Antecedentes
En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez promulgó una amnistía para involucrados en el intento de golpe de Estado de 2002. En 2016, la Asamblea Nacional aprobó una ley similar que fue declarada inconstitucional por el TSJ. En 2020, Nicolás Maduro otorgó 110 indultos a opositores antes de las elecciones legislativas.
Organizaciones de derechos humanos recibieron el anuncio con cautela y remarcaron que la liberación de detenidos debe entenderse como una restitución de derechos fundamentales y no como un acto de clemencia.
El tratamiento legislativo de la propuesta y su alcance real dependerán ahora del debate en la Asamblea Nacional, mientras organismos nacionales e internacionales siguen de cerca la evolución de la medida.
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