El gobierno nacional incluyó días atrás en el temario de las sesiones extraordinarias -que hoy comienzan- a la reforma de la ley penal juvenil, tal vez uno de los temas más sensibles de la agenda parlamentaria. Con más de veinte proyectos en danza, el Ejecutivo Nacional buscará los consensos necesarios para modernizar un sistema que data de 1980 -plena dictadura militar-. La diputada nacional Laura Rodríguez Machado explicó que llevan un año debatiendo los cambios en la Comisión de Legislación Penal que ella preside.
HDC: Diputada, ¿cuál es el diagnóstico que sustenta la necesidad de una nueva ley?
Laura Rodríguez Machado: En el año legislativo se llevó adelante un trabajo muy técnico y amplio. En Legislación Penal escuchamos a más de 30 expertos de distintas disciplinas: psicólogos, sociólogos, neurólogos, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Esto nos dio una información muy minuciosa sobre las más de veinte propuestas en juego. La convocatoria del Ejecutivo a sesiones extraordinarias nos permite ahora avanzar con continuidad. El eje será su proyecto, que busca convertir un régimen antiguo, vetusto y que ya no responde a estándares internacionales. Una ley de 1980, con solo 13 artículos, será actualizada por un compendio de más de 50, que persigue dos objetivos claros: evitar la impunidad y llevar justicia a las víctimas y, por otro lado, establecer la obligación del Estado en el tratamiento de estos menores, ya sea con reclusión o con sanciones alternativas. La función principal, además de evitar la continuidad de la peligrosidad, es intentar la resocialización para una futura incorporación a la vida comunitaria.
HDC: Yendo a la edad de imputabilidad, el oficialismo la fija en 13 años. ¿Hay margen para consensuar con los otros proyectos que hablan de los 14 ó 15 años?
LRM: El Congreso funciona por consenso. Nosotros, como bloque mayoritario, no tenemos la mitad más uno en Diputados, por lo que debemos construir acuerdos. Puede pasar, como en el despacho del año pasado, que se establezca en 14 años. Se contarán los votos y la mayoría en el recinto definirá la edad que adoptará Argentina. Ese número dependerá de los consensos con los demás bloques.
HDC: Los críticos señalan que el proyecto se centra en la punición y descuida la prevención para adolescentes en situación de vulnerabilidad. ¿Qué responde?
LRM: El proyecto define la edad de imputabilidad y las acciones a tomar cuando un menor comete un hecho ilícito. Las medidas de prevención no son el objeto de una ley penal. No obstante, sí establece una serie de sanciones alternativas que tienden a una prevención secundaria: evitar que el adolescente persista en el delito. Por ejemplo, para quienes sean parte de una banda delictiva que los use como mano de obra, se actuará para desmantelar esa situación. Para aquellos con dependencia de drogas, habrá tratamientos médicos y asistencia psicológica. Y se establece la obligación, con o sin reclusión, de que avancen en estudios o capacitación laboral.
HDC: Otro argumento en contra es que bajar la edad no ha reducido la delincuencia juvenil en otros países…
LRM: Quienes dicen eso sueltan la frase, pero no demuestran con cifras contundentes que sea así. Además, hay un dato irrefutable: Argentina es signataria de convenios internacionales que establecen modalidades de tratamiento del delito juvenil que nosotros ahora estamos proponiendo cristalizar en una norma. Quienes hoy objetan, no pusieron reparos cuando la Argentina suscribió esos convenios que avalan este tipo de enfoque moderno e integral.
HDC: ¿Cómo se gradúan las sanciones? ¿Hay diferenciación entre delitos graves y leves?
LRM: Para delitos de menor gravedad no se someterá al adolescente a reclusión. Habrá un catálogo de medidas alternativas a la prisión, que pueden ser consecutivas o en paralelo: amonestación, prohibición de conducir, tobillera electrónica, prohibición de acercamiento a la víctima, trabajo comunitario, etc. Son herramientas modernas que buscan, sobre todo, generar conciencia, reparar el daño y resocializar, con un componente de punición que no es el centro. El proceso penal continúa, pero con una sanción más reparadora.
HDC: Una vez sancionada, ¿las provincias deben adherir?
LRM: No, no es una ley que requiera adhesión. Será una ley nacional que establece la edad de imputabilidad para todo el territorio; sería un absurdo que cada provincia decida una edad distinta. Se aplica desde su promulgación y reglamentación.
HDC: Pero las provincias están muchas veces desbordadas por la falta de infraestructura…
LRM: Y también son muchos los gobernadores que acompañan esta reforma. Incluso el gobernador de Córdoba está a favor de bajar la edad de imputabilidad. Y el esquema es similar al de los adultos: los tribunales de menores son provinciales, y la detención por delitos federales es responsabilidad de la Nación. Lo mismo ocurrirá con estos menores imputables.
HDC: Por último, se esgrime que los delitos graves cometidos por menores hoy inimputables son un porcentaje ínfimo del total de casos. ¿Por qué entonces, esta reforma?
LRM: Es un argumento que carece de sustento y, sobre todo, de humanidad. Para la persona a la que le matan un hijo o un familiar, esa estadística es el 100%. Que sean muchos o pocos no quita que los casos sean tremendos. Cuando se define una política bajo el principio de que “el que la hace, la paga”, no se puede mirar el tamaño del universo. Si un adolescente tiene discernimiento y voluntad –aspectos que neurólogos sitúan a partir de los 12 años–, debe hacerse responsable. No le doy validez a ese argumento. Además, no creo que sean tan pocos; se conocen los más resonantes, pero hay cientos de casos de hurtos, robos y situaciones de peligrosidad continua. No tenemos por qué dejar librada a la impunidad la posibilidad de que esto ocurra. La justicia debe llegar para todos, y el Estado debe tener herramientas para rehabilitar. Argentina no puede seguir anclada en 1980.
