El proyecto de reforma del régimen penal juvenil ingresó este lunes a la Cámara de Diputados y comenzará a ser analizado en comisión el próximo miércoles, con la intención oficial de llevar el debate al recinto el jueves, según confirmaron fuentes parlamentarias.
La iniciativa retoma el texto que había obtenido dictamen durante 2025, aunque incorpora una modificación central: el Gobierno nacional sumó un mecanismo de compensación financiera entre la Nación y las provincias para garantizar el sostenimiento del nuevo sistema.
La propuesta apunta a reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y establece un régimen penal especial para menores, basado en medidas socioeducativas y penas alternativas. Además, elimina la posibilidad de aplicar condenas a prisión perpetua y fija un tope máximo de 20 años de prisión para adolescentes.
En los casos de jóvenes de 14 años o más que cometan delitos considerados graves, el proyecto habilita la aplicación de sanciones similares a las de los adultos, con condenas de hasta 15 años, aunque excluye el alojamiento en cárceles comunes.
Para delitos con penas menores a tres años, o de hasta diez años cuando no medie violencia grave, se prioriza un enfoque social y educativo, con herramientas como la libertad asistida y la realización de tareas comunitarias, en reemplazo de la prisión efectiva.
Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma busca poner fin a la denominada “puerta giratoria” y cerrar vacíos legales que, según el Gobierno, generan impunidad en delitos cometidos por menores bajo la actual normativa vigente.
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