La Justicia Federal dispuso este jueves la excarcelación del exlegislador provincial Oscar González en la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado. La medida fue adoptada por el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien ordenó el cese del arresto domiciliario bajo una serie de condiciones.
González permanecía detenido en su domicilio desde hace un año, luego de que se dispusiera su prisión preventiva en el marco de la investigación federal. Si bien el fiscal federal Maximiliano Hairabedián se había pronunciado en contra del pedido de liberación al considerar que subsistían riesgos procesales, el magistrado entendió que el estado actual del expediente permite aplicar medidas alternativas a la detención.
En su resolución, el juez recordó que el principio de inocencia debe prevalecer durante el proceso y que la privación de la libertad es de carácter excepcional. Señaló además que la gravedad de la pena prevista —que supera los ocho años de prisión y contempla un mínimo que impediría una eventual condena condicional— no es suficiente por sí sola para justificar la continuidad del arresto, sino que deben evaluarse de manera concreta los riesgos de fuga o de entorpecimiento de la causa.
En ese sentido, el fallo destaca avances relevantes en la investigación, entre ellos la realización de una pericia contable considerada clave para determinar la evolución patrimonial del exfuncionario. Esa prueba, actualmente en trámite en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, fue señalada como determinante para definir si el caso puede avanzar hacia un eventual juicio oral. Para el juez, en el escenario actual no existen elementos que indiquen que González pueda interferir en su producción.
Respecto del peligro de fuga, el magistrado sostuvo que el Código Procesal Penal Federal contempla herramientas menos gravosas que la prisión preventiva cuando resultan suficientes para asegurar el desarrollo del proceso. Por ello resolvió reemplazar el arresto domiciliario por un conjunto de obligaciones.
Entre las condiciones impuestas figura la promesa formal de someterse al proceso y no obstaculizar la investigación, la obligación de presentarse ante el juzgado el primer día hábil de cada mes, la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la retención del pasaporte, que ya se encontraba en poder del tribunal. Además, se fijó una caución de 200 millones de pesos, para la cual el exlegislador ofreció un inmueble en garantía. Una vez cumplidos esos requisitos formales, quedará en condiciones de recuperar la libertad.
La resolución advierte que cualquier incumplimiento —incluida la inasistencia injustificada a las presentaciones periódicas— podrá derivar en la revocación inmediata del beneficio.
La investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos se tramita en paralelo a la causa vinculada con el siniestro vial ocurrido el 29 de octubre de 2022 en el camino de las Altas Cumbres, donde murió la docente Alejandra Bengoa y dos niñas resultaron con lesiones gravísimas. Por ese hecho, González está imputado por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas, y se espera la realización del juicio oral luego de que fuera rechazado el pedido de probation presentado por su defensa.
Llaryora respaldó la industria nacional y pidió «igualdad de condiciones»
