El 30 de diciembre de 2020, cuando el Senado argentino aprobó la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la euforia se desató en el seno de un movimiento que había reclamado este derecho durante décadas. Con esa decisión, Argentina se convirtió en el quinto país de América Latina en legalizar el aborto voluntario hasta la semana 14 de gestación, sin necesidad de acreditar violación ni riesgo para la vida o la salud de la persona gestante.
Desde aquella fecha histórica pasaron cinco años, dos meses y ocho días. El panorama actual muestra avances, pero también nuevos desafíos.
En diálogo con Tania Cucui, coordinadora del área de Comunicación y subdirectora de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), la referente analizó este escenario federal con preocupación. Si bien la normativa sigue vigente, advirtió que el acceso real enfrenta obstáculos crecientes. “Una ley garantiza un marco regulatorio que habilita un derecho, pero no garantiza por sí sola el acceso ni su implementación”, señaló.
En ese sentido, explicó que la interrupción voluntaria y legal del embarazo continúa contemplada en la Ley 27.610, que permanece vigente y debe ser garantizada por el Estado. Sin embargo, advirtió que en la práctica comenzaron a aparecer distintos obstáculos para su acceso, vinculados principalmente a la falta de insumos y a cambios en las políticas públicas de salud sexual y reproductiva.
El desmantelamiento de las garantías estatales
Una de las principales alarmas actuales es la interrupción en el envío de insumos desde los programas nacionales. Entre ellos se encuentra el misoprostol, medicamento esencial para garantizar la práctica en el sistema público de salud y producido, entre otros, por laboratorios públicos del país.
Según advirtió Cucui, la falta de provisión nacional traslada los costos de las prestaciones a las provincias o, directamente, a las usuarias. En ese marco, explicó que la situación impacta con mayor fuerza en mujeres y personas gestantes con menos recursos económicos.
A este panorama se suma el desmantelamiento y desfinanciamiento de políticas públicas vinculadas al acceso a la salud sexual y reproductiva y a la prevención y atención de las violencias de género.
Entre ellas se encuentra el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA). El programa logró reducir el embarazo adolescente mediante consejerías en escuelas y el acceso a métodos anticonceptivos. Sin embargo, en abril de 2024 sufrió un fuerte golpe cuando el gobierno nacional decidió no renovar los contratos de más de 600 profesionales que trabajaban en provincias con altos indicadores de vulnerabilidad, entre ellas Chaco, Formosa, Tucumán, Salta y Jujuy.
Asimismo, la Educación Sexual Integral (ESI) enfrenta cuestionamientos oficiales. Desde agosto de 2025, la administración nacional admitió que el programa quedaría bajo responsabilidad exclusiva de las provincias, eliminando fondos y coordinación centralizada. Este repliegue incluye recortes en materiales del portal Educ.ar y la eliminación de artículos de la Ley 27.234 de Educar en Igualdad vinculados a las jornadas contra la violencia de género.
Frente a esta situación, algunas jurisdicciones optaron por sostener sus propias estructuras. En febrero de 2025, ante la inminente desarticulación de los programas nacionales, el Gobierno de la Provincia de Córdoba ratificó que continuaría con la aplicación de la ESI en todas sus escuelas.
Desde el Ministerio de Educación provincial definieron al programa como una pieza fundamental de las políticas de bienestar educativo. Según informaron entonces, la ESI constituye un “gran aporte para abordar principios de cuidado, convivencia, autonomía, promoción de la salud, participación y afectividad”.
«El trabajo de incidencia fue tan intenso y a conciencia que los gobiernos provinciales, en muchos casos, se hicieron cargo de seguir sosteniendo la compra de insumos», señala Cucui. Sin embargo, advierte que esto se está convirtiendo en un «cuello de botella» que genera una gran preocupación tanto en los feminismos como en los equipos de salud.
El aborto bajo el «sesgo acusatorio»
Cucui señaló que el discurso institucional del Gobierno nacional, caracterizado por cuestionamientos y hostigamiento hacia los feminismos, está impactando directamente en las instituciones.
Según la referente, la “despenalización social” que se había logrado tras la sanción de la ley hoy enfrenta nuevas tensiones que se manifiestan, por ejemplo, en presiones institucionales o en las dificultades que atraviesan los equipos de salud cuando no cuentan con los insumos necesarios para garantizar la práctica.
En ese contexto, cuestionó las declaraciones del presidente Javier Milei, quien en distintas oportunidades calificó al aborto como un crimen. Para la referente, se trata de una afirmación que contradice lo establecido por la legislación vigente en el país.
Las principales figuras del Gobierno también se manifestaron en contra de la ley. El 25 de marzo, durante la conmemoración del “Día del Niño por Nacer”, realizaron un llamado a defender “la vida humana desde la concepción”. En esa línea, la vicepresidenta Victoria Villarruel aseguró en la red social X que el aborto es una política pública “que engendra muerte”.
Por su parte, la diputada de La Libertad Avanza, Rocío Bonacci, presentó en febrero de 2024 un proyecto que propone la derogación de la ley y reinstaurar la penalización del aborto, con penas de prisión para mujeres y profesionales de la salud involucrados.
Hoy es el Día Internacional de Acción por las 2 Vidas, por lo que renuevo mi compromiso de proteger y luchar por el Niño por nacer. Hoy en Argentina se han abortado desde la promulgación de la ley de aborto una cantidad muy superior a todos los habitantes de Tierra del Fuego.… pic.twitter.com/wkQXIjdu4o
— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) March 25, 2025
La «falacia» de la baja natalidad
Ese posicionamiento no es nuevo. Javier Milei sostiene este discurso desde la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia en diciembre de 2023. Tras su llegada al poder, su rechazo al aborto pasó de la retórica a la acción.
El último informe de estadísticas vitales del Ministerio de Salud de la Nación Argentina muestra que la natalidad mantiene una tendencia decreciente sostenida desde hace más de una década. En 2024 se registraron 413.135 nacimientos, una caída del 47% respecto de 2014, cuando se registraron alrededor de 777.000.
El presidente Javier Milei atribuyó este descenso a lo que denomina ataques a la familia y a la legalización del aborto. “Ahora se están dando cuenta de que se les pasó la mano en atacar a la familia, atacar a las dos vidas y lo estamos pagando con caídas en la tasa de la natalidad”, afirmó en mayo de 2025 durante su intervención en una jornada de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. “Lo hubieran pensado antes, nos hubiéramos evitado bastantes asesinatos en el vientre de las madres”, agregó.
Cucui calificó como una “falacia” relacionar directamente la caída de los nacimientos con el acceso al aborto legal. Según explicó, la baja natalidad es un fenómeno mundial y multicausal que, en el caso de Argentina, responde a distintos factores.
“Si en una conversación sencilla con personas de 30 años preguntamos quiénes quieren tener hijos o cuántos quieren tener, seguramente vamos a encontrar respuestas muy distintas a las que daba una mujer hace más de 20 años, para la cual sí o sí había que tener hijos”, explicó. Para la referente, ese cambio cultural abre la posibilidad de decidir de manera más autónoma: “Hoy hay una posibilidad distinta de tomar decisiones sobre el propio proyecto de vida”.
Sin embargo, Cucui advirtió que la baja natalidad también está atravesada por múltiples factores estructurales. Entre ellos mencionó la precarización de las condiciones de vida, las dificultades para acceder a un trabajo estable y la incertidumbre sobre el futuro.
A este escenario se suma una creciente crisis de salud mental. “Estamos viviendo una situación de salud mental tremenda, porque han aumentado de manera muy impresionante distintos padecimientos”, señaló. Incluso mencionó el incremento de suicidios en franjas etarias jóvenes, precisamente en edades en las que muchas personas iniciarían su vida reproductiva.
La especialista también señaló que los cambios en las formas de vincularse y en las relaciones afectivas influyen en las decisiones reproductivas, así como la persistente desigualdad en las tareas de cuidado. Aunque reconoció que algunos varones asumen hoy mayores responsabilidades, subrayó que esos cambios suelen depender de decisiones individuales y no de políticas públicas: “No hay políticas que reviertan esa desigualdad que históricamente recae sobre las mujeres”.
También reconoció que el acceso a métodos anticonceptivos puede impactar en la natalidad, aunque desde una perspectiva distinta a la planteada por el Gobierno. “Efectivamente, la distribución de métodos anticonceptivos tiene un efecto sobre la natalidad, pero eso significa que tenemos menos embarazos no deseados”, sostuvo.
Frente a la preocupación oficial por la caída de los nacimientos, la referente lanzó además una advertencia sobre otro indicador que considera alarmante. “Se ha incrementado el índice de mortalidad infantil”, indicó. Para Cucui, el uso de los datos sobre natalidad en el debate político resulta “caprichoso y malintencionado” cuando se ignoran otros indicadores clave del sistema de salud.
La Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) publicó el informe de Estadísticas Vitales de Argentina correspondiente al año 2024, el cual revela datos fundamentales sobre la realidad demográfica y sanitaria del país. Durante este periodo, se registraron un total de 413.135 nacidos vivos, lo que arroja una tasa bruta de natalidad de 8,9 por cada 1.000 habitantes para el total del territorio nacional. El perfil de la maternidad muestra que la mayoría de los nacimientos ocurren en mujeres de entre 25 y 29 años, seguidas por el grupo de 20 a 24 años, destacándose que un 8,17% de los niños nacieron con bajo peso y un 9,74% fueron casos de pretérmino.
En materia de salud materno-infantil, los indicadores muestran una tendencia al alza en comparación con el año anterior. La tasa de mortalidad infantil subió de 8,0 en 2023 a 8,5 por cada 1.000 nacidos vivos en 2024, con un total de 3.513 defunciones infantiles registradas. Por su parte, la mortalidad materna también experimentó un incremento, pasando de una razón de 3,2 en 2023 a 4,4 por cada 10.000 nacidos vivos en 2024. Un dato de gran relevancia para las políticas públicas es que el 71,2% de las muertes neonatales y el 70,8% de las postneonatales se consideraron causas reducibles, lo que significa que podrían haberse evitado con intervenciones de salud adecuadas.
Es importante considerar que, a partir de este informe, se han comenzado a utilizar las nuevas proyecciones de población del INDEC basadas en el Censo 2022 para el cálculo de todas las tasas. Además, se implementó la edición 2019 de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) para la codificación de las causas de muerte, lo que representa una actualización metodológica relevante para el análisis de la salud pública nacional.
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Fe y libertad de conciencia
Desde la perspectiva de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), Cucui enfatizó el principio de libertad de conciencia, uno de los pilares centrales de la organización. Este concepto es definido por la propia doctrina católica como el “núcleo más secreto y el sagrario del hombre”, el espacio en el que cada persona está sola con Dios y cuya voz debe obedecer por encima de cualquier mandato externo. Bajo esta premisa, CDD sostiene que no existe contradicción entre la fe y la defensa del derecho al aborto, ya que reconoce la autonomía moral de las personas para tomar decisiones éticas y libres sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida.
Este marco ético se apoya también en el principio teológico del probabilismo, que plantea que “donde hay duda, hay libertad”, habilitando el discernimiento individual frente a enseñanzas institucionales que no han sido constantes ni declaradas infalibles a lo largo de la historia. En ese sentido, la organización busca “despenalizar las conciencias” y cuestionar los discursos religiosos que imponen culpa sobre las decisiones reproductivas.
En línea con esta perspectiva, CDD elaboró una cartilla con herramientas dirigida a equipos de salud para acompañar a mujeres y personas gestantes en el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo desde un enfoque respetuoso de la libertad de conciencia.
Victorias judiciales y resistencia masiva
La disputa por los derechos sexuales y reproductivos también se libra en los tribunales. Un caso emblemático es el de Paola Ortiz, condenada a prisión perpetua tras atravesar una emergencia obstétrica en un contexto de extrema vulnerabilidad. En 2024, la Guardia de Abogadas de Católicas por el Derecho a Decidir presentó un recurso de revisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba para exigir su absolución, al considerar que la sentencia se basó en falta de pruebas y vulneró garantías básicas del debido proceso.
Cucui señaló que el caso refleja una justicia “clasista y elitista” que criminaliza a las mujeres pobres, aunque destacó la red de solidaridad feminista que sostiene la campaña “¡Libertad para Paola!” y mantiene el reclamo en la agenda pública.
Otro antecedente reciente proviene de una sentencia histórica de la Justicia de Córdoba contra el Hospital Materno Neonatal Dr. Ramón Carrillo y el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba. El fallo, dictado el 25 de noviembre de 2025 tras más de cinco años de proceso judicial, determinó que la institución ejerció violencia institucional y vulneró el derecho a la libertad (no) reproductiva de mujeres que solicitaban ligaduras tubarias.
La causa se originó en 2019 a partir de las denuncias de dos usuarias del hospital que intentaron acceder a este método anticonceptivo permanente. Con el acompañamiento de organizaciones feministas y equipos jurídicos, el caso se transformó en una demanda colectiva que evidenció prácticas sistemáticas para obstaculizar el acceso a la intervención.
Entre las irregularidades comprobadas por la Justicia se encontraban la exigencia de autorizaciones de terceros para validar el consentimiento informado, la imposición de múltiples consultas y trámites innecesarios que demoraban el procedimiento y la solicitud de documentación improcedente.
Para Cucui, la sentencia constituye un antecedente clave en la defensa de la autonomía reproductiva. “Son pequeñas grietas por donde pasa la luz”, sostuvo, al destacar que incluso en contextos de retrocesos y ajustes es posible avanzar mediante estrategias de litigio colectivo y organización social.
El fallo declaró la responsabilidad institucional del hospital y ordenó medidas estructurales para evitar que estas vulneraciones se repitan, entre ellas garantizar el acceso inmediato a la ligadura tubaria sin requisitos indebidos, registrar correctamente las solicitudes en las historias clínicas y capacitar al personal de salud sobre derechos reproductivos.
Movilización en Córdoba
Como cierre de su diagnóstico, Cucui lanzó un llamado urgente a la movilización, al advertir que Argentina atraviesa un escenario “demoledor” y de “muchísimo riesgo”. Según la referente, las políticas de ajuste y el desmantelamiento de la salud pública no solo tienen un impacto inmediato, sino que también afectarán la trama social y la soberanía del país en las próximas décadas.
En ese contexto, instó a una participación masiva y sostuvo que el feminismo se posiciona hoy como un movimiento de resistencia. “Necesitamos una sociedad activa y movilizada”, afirmó, y definió al feminismo como una fuerza antifascista capaz de convertirse en “semilla de esperanza” frente al hostigamiento oficial y al retroceso en derechos conquistados.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, organizaciones feministas convocaron a movilizaciones en todo el país que este año se realizarán el lunes 9 de marzo, en el marco del Paro Internacional de Mujeres. En la ciudad de Córdoba la concentración está prevista a las 17 en la intersección de avenida Colón y La Cañada, desde donde partirá la movilización por el centro de la ciudad.
