Los profesionales de Servicios de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SPD) de la Municipalidad de Córdoba denuncian precarización laboral que afecta a gran parte de los equipos técnicos encargados de intervenir en casos de vulneración de derechos en la ciudad.
La advertencia fue realizada por el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Profesionales en Trabajo Social, que manifestaron su preocupación por las condiciones en las que trabajan psicólogos, trabajadores sociales y abogados que se desempeñan en estos dispositivos.
Actualmente, el sistema municipal cuenta con 14 servicios activos sostenidos por 62 profesionales, de los cuales 40 trabajan en condiciones precarias: 21 como monotributistas y 19 como becarios profesionales.
Becas y contratos temporarios
Según señalaron las entidades profesionales, una de las situaciones más críticas corresponde a los becarios, quienes —pese a contar con formación profesional— realizan tareas equivalentes a las de los trabajadores de planta.
Entre esas funciones se incluyen elaboración de informes técnicos, entrevistas con familias, intervención en situaciones de riesgo y trabajo territorial, pero sin estabilidad laboral ni reconocimiento formal de su rol.
Muchos de estos profesionales sostienen tareas en los servicios desde 2020 y 2021, con contratos o becas que se renuevan cada seis meses.
Equipos reducidos y sobrecarga de trabajo
Los SPD forman parte del segundo nivel del sistema de protección integral de derechos, por lo que intervienen en situaciones complejas vinculadas con violencia familiar, vulneración de derechos o riesgo social.
Sin embargo, los equipos son reducidos. En algunos casos están integrados por solo tres profesionales, que deben cubrir entre 30 y 50 barrios y atender entre 100 y 400 situaciones familiares activas.
Según los colegios profesionales, esta carga laboral impacta en la capacidad de respuesta del sistema municipal y en la continuidad de las políticas públicas destinadas a la protección de la infancia.
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Pagos en especie, salarios por debajo de la inflación y
y falta de recursos
Entre los reclamos también se mencionan formas de pago consideradas irregulares, como la utilización de la Tarjeta Activa, mediante la cual se abona alrededor del 10% del salario en especies.
A esto se suma un esquema de actualización salarial considerado insuficiente: los incrementos previstos son de 0,8% mensual hasta julio de 2026, muy por debajo de los niveles de inflación.
Las organizaciones también cuestionaron la implementación de bancos de horas, el aumento de tareas sin incremento salarial y la renovación periódica de contratos.
La situación laboral se combina con deficiencias en la infraestructura de algunos servicios, donde se registran problemas de iluminación, humedad, vidrios rotos y ausencia de calefacción o refrigeración.
Además, los equipos denuncian falta de computadoras, dificultades de conectividad y escasez de recursos materiales, lo que complica la intervención profesional y la atención a niños, niñas y adolescentes.
Un sistema clave para garantizar derechos
Los Servicios de Protección de Derechos funcionan dentro del marco de la Ley Nacional 26.061 y la Ley Provincial 9944, que establecen la responsabilidad del Estado de garantizar equipos técnicos suficientes y condiciones adecuadas para la protección de las infancias.
Desde los colegios profesionales advirtieron que la precarización laboral no solo afecta a los trabajadores, sino que debilita el funcionamiento del sistema encargado de intervenir en situaciones críticas que involucran a niños y adolescentes en Córdoba.
Entre los principales pedidos a la Municipalidad se encuentran la regularización de las condiciones laborales, el reconocimiento profesional de becarios y monotributistas, la actualización de honorarios acorde a la responsabilidad del trabajo y el fortalecimiento de los equipos técnicos para cubrir la demanda en los barrios de la ciudad.
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