Las denuncias de torturas y malos tratos contra detenidos en Venezuela continúan pese a la ley de amnistía aprobada recientemente, advirtió este lunes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
Durante una intervención ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Türk señaló que su oficina sigue recibiendo información sobre abusos contra personas privadas de libertad, incluso en centros de detención como Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, ubicados cerca de Caracas.
“Mi oficina ha recibido información sobre la persistencia de torturas y malos tratos a los detenidos”, afirmó el funcionario, quien calificó la situación como “motivo de profunda preocupación” y pidió a las autoridades liberar de inmediato y sin condiciones a todas las personas detenidas arbitrariamente.
Las denuncias se producen meses después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero en una incursión militar, tras la cual el gobierno interino encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones.
Según la ONG Foro Penal, 508 personas —entre ellas militares y ciudadanos extranjeros— continúan detenidas por motivos políticos en el país. Para Türk, esto demuestra que “persisten problemas estructurales y sistémicos en materia de derechos humanos”.
En febrero, el gobierno venezolano impulsó una ley de amnistía como parte del proceso de liberación de detenidos. Sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos consideran que la norma es insuficiente y se aplica de forma discrecional.
Las autoridades venezolanas aseguran haber liberado más de 7.300 personas, pero la Oficina del Alto Comisionado solo ha podido verificar cerca de 950 excarcelaciones, muchas de ellas bajo condiciones estrictas.
Türk también informó que unos 60 presos que permanecían incomunicados pudieron recibir visitas familiares, aunque insistió en que el proceso requiere mayor transparencia.
En ese sentido, el Alto Comisionado pidió al gobierno venezolano publicar una lista oficial de las personas liberadas y permitir acceso sin restricciones a los centros de detención.
Aunque reconoció que Caracas “se ha propuesto corregir algunos errores del pasado”, advirtió que la situación de los derechos humanos sigue siendo motivo de preocupación internacional.
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