La última dictadura cívico-militar dejó esparcidas en el campo social múltiples bombas de grueso calibre, cuyos efectos silenciosos pero extremadamente nocivos aún persisten en la actualidad. Una de esas bombas es la persistente pobreza, que a partir de ahí alcanzó dimensiones nunca antes registradas en el país, lo que evidencia un profundo deterioro del tejido social que todavía hoy no logramos reparar.
De hecho, hasta 1975 la pobreza en Argentina era un fenómeno marginal y meramente transitorio. Por entonces, nadie hablaba de la pobreza estructural. Según una investigación realizada por Agustín Arakaki (Conicet), en el último año antes del Golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo de 1976 el porcentaje de pobres ascendía apenas al 4,6%. En los días que corren, aquellos niveles de pobreza nos parecen absolutamente ilusorios.
Cuando Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la Nación, en diciembre de 1983, la sociedad argentina ya había experimentado una importante transformación, puesto que más de un cuarto de su población (el 27,8%) se encontraba sumergida en la pobreza. Esto era consecuencia directa del modelo económico neo-liberal impuesto por la dictadura, con José Alfredo Martínez de Hoz manejando los hilos de la “bicicleta financiera” desde el principal sillón del Ministerio de Hacienda.
Ciertamente, hacia 1986 se había logrado reducir la pobreza al 14%. Esto es un resultado de gestión que no siempre se le reconoce debidamente a aquel gobierno radical. Sin embargo, ese descenso no pudo sostenerse en el tiempo, y en 1989 el cimbronazo económico provocado por la hiper-inflación la catapultó hasta porcentajes cercanos al 40%, cifras que resultaban inéditas para la Argentina.
En la década del noventa, con la implementación del “Plan de Convertibilidad” (1991) diseñado por el ministro Domingo Felipe Cavallo e impulsado por el presidente Carlos Saúl Menem, se pudo controlar la inflación durante varios años y, por ende, la pobreza se redujo drásticamente al 12%. No obstante ello, al culminar su segundo mandato (1999), otra vez se encontraba en franco crecimiento, alcanzando al 26% de la población.
Aquella escalada tuvo su pico máximo durante el gobierno de Fernando de la Rúa, cuando finalmente estalló la Convertibilidad y el ciclo de transitoria estabilidad provocado por el “uno a uno” (un Peso = un Dólar) llegó a su fin. Más temprano que tarde la crisis económica-financiera se trasladó a la política y castigó con particular crudeza a la sociedad argentina. En diciembre del 2001, cuando el líder de la “Alianza” renunció a la Presidencia de la Nación, casi la mitad de los argentinos sufría en carne propia los efectos de la pobreza.
En mayo de 2003, después de la breve presidencia provisional de Eduardo Duhalde, asumió el poder Néstor Kirchner “con más pobres que votos”. Concretamente, la pobreza se ubicaba en torno al 47%. Y tres años después, como derivación de un proceso de creciente recuperación económica, aquel porcentaje había bajado al 26,9%. En adelante, este guarismo representaría un piso prácticamente infranqueable.
Durante los dos mandatos de Cristina Fernández la cantidad de pobres se mantuvo en esos parámetros, sin mayores variaciones hasta el 2015. Las sucesivas devaluaciones del peso que sobrevinieron con Mauricio Macri, a partir del año 2018, determinaron que la pobreza superara nuevamente el umbral del 30%. Este sería el nuevo piso para las administraciones siguientes. La pandemia provocada por el Covid-19, que nos sorprendió a comienzos del 2020, contribuyó a consolidar y elevar aún más la pobreza en nuestro país, que explotó otra vez tras la mega-devaluación dispuesta por Javier Milei inmediatamente después de asumir la Presidencia, en diciembre de 2023.
Así las cosas, en el primer semestre del año 2024 la pobreza llegó a superar la barrera del 50% por primera vez en la historia argentina contemporánea. Luego descendió, justo es reconocerlo, pero se mantuvo siempre por arriba de los treinta puntos porcentuales. En la actualidad, los estudios más serios (entre ellos, los efectuados por el Observatorio de la Deuda Social Argentina dependiente de la Universidad Católica Argentina) la estiman entre el 36 y el 38%. Esto implica que más de un tercio de nuestra población es pobre.
Como se observará, la pobreza estructural en Argentina ya lleva más de cuatro décadas. Son varias generaciones hundidas en una nueva cultura que era desconocida hasta la segunda mitad de los años setenta. Además, la pobreza se incrementa al compás de una creciente desigualdad. Hoy el 1% más rico de la sociedad concentra el 29% de la riqueza; mientras que el 50% de la población más pobre participa apenas del 4% de la riqueza total del país. Los números son más que elocuentes y dimensionan con total crudeza la crisis social que atravesamos. Con semejante grado de pobreza y desigualdad resulta prácticamente imposible hablar de una sociedad genuinamente democrática.
En el tiempo presente la novedad son los “trabajadores pobres”. El trabajo ya no tiene la potencialidad de otrora para sacar a las personas de la pobreza. Hacia fines del 2025, uno de cada cinco trabajadores registrados era pobre. La situación es aún más grave en el sector informal, con reportes que indican que el 89% de esos trabajadores no pueden cubrir el costo de la canasta básica familiar. Esto significa que hay varios millones de personas que, aún trabajando, no cuentan con ingresos suficientes para cubrir dicha canasta.
Sin dudas, una de las bombas sociales que nos dejó activada la última dictadura es la pobreza. No fue la única, por cierto, pero se trata de una de las más complejas y difíciles de desactivar. En la práctica, ninguno de los gobiernos democráticos que se sucedieron desde 1983 a la fecha ha logrado hacerlo. Y hoy, a cincuenta años de aquel funesto y trágico episodio, estamos muy lejos de alcanzar ese noble y trascendental objetivo. Demasiado lejos.
