La situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, frente a la justicia federal sumó elementos que complican su estrategia de defensa. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, detectó un patrón sistemático en las operaciones inmobiliarias del funcionario: el uso de préstamos hipotecarios otorgados por particulares, en lugar de entidades bancarias, para adquirir propiedades de alto valor.
El foco se expandió recientemente tras conocerse una operatoria espejo sobre un departamento en la avenida Asamblea al 1100. Según la declaración ante la Oficina Anticorrupción, Adorni registró allí una deuda en dólares con dos mujeres: Graciela Isabel Molina de Cancio, comisaria retirada de la Policía Federal, y Victoria María José Cancio. Entre ambas aportaron 100.000 dólares bajo un esquema de crédito privado. Esta transacción se realizó en noviembre de 2024, la misma fecha en que su esposa adquirió una casa en el country Indio Cua.
Este hallazgo refuerza las sospechas sobre la compra de otra unidad en la calle Miró al 500, en Caballito. Por este inmueble, el exfutbolista Hugo Morales declaró de forma virtual y aportó datos que llamaron la atención de los investigadores. Morales relató que vendió la propiedad, tras dos años sin ofertas, por 200.000 dólares en efectivo. Según su testimonio, la propuesta llegó a través de «dos chicos» no identificados, pero el día de la escritura aparecieron dos mujeres que figurarían luego como las prestamistas de Adorni: Beatriz Viegas y Claudia Sbabo.
El esquema se repite con una precisión asombrosa. En la operación de Caballito, el matrimonio Adorni-Angeletti obtuvo un crédito por 200.000 dólares, cifra que cubrió casi el 90% del valor de venta declarado. Para los agentes inmobiliarios, el monto total de la operación resultó muy inferior a los precios de mercado, lo que motivó el pedido de informes al Registro de la Propiedad.
En el centro de este entramado aparece una figura común: la escribana Adriana Mónica Nechevenko. La profesional certificó las tres operaciones clave (Asamblea, Miró e Indio Cua) y registra al menos siete visitas a la Casa Rosada desde que Adorni asumió su cargo. Debido a este rol central, Pollicita la citó a declarar bajo la exigencia de entregar toda la documentación referida a los pagos y las deudas asumidas por el funcionario.
Mientras Morales entregó a la justicia chats y audios que documentan la intermediación de la inmobiliaria «Rucci», el fiscal busca determinar si las prestamistas contaban con la capacidad económica para otorgar créditos de tal magnitud. La justicia intenta ahora desentrañar si estas hipotecas privadas funcionaron como una pantalla para ocultar el verdadero origen de los fondos o si existieron favores políticos cruzados en una red de adquisiciones que el vocero presidencial aún no logra explicar con claridad.
