La Libertad Avanza resolvió frenar en el Senado el tratamiento de la reforma electoral que impulsa la eliminación de las PASO y reordenó sus prioridades legislativas para enfocarse en una agenda económica, judicial e institucional que considera más viable en el corto plazo.
La decisión responde a una cuestión central para el oficialismo: la falta de consensos con los bloques dialoguistas, especialmente con la Unión Cívica Radical, cuyos votos resultan determinantes para alcanzar las mayorías necesarias en la Cámara alta.
Sin ese respaldo, el Gobierno optó por postergar la apertura formal del debate en la comisión de Asuntos Constitucionales hasta alcanzar acuerdos mínimos que permitan evitar una derrota parlamentaria.
En el escenario actual, el radicalismo rechaza la eliminación total de las elecciones primarias, aunque sí está dispuesto a discutir modificaciones. Entre sus principales planteos figura que las PASO puedan ser optativas en aquellos espacios políticos con listas únicas, además de preservar el financiamiento estatal y limitar el incremento de aportes privados propuesto por el oficialismo.
Dentro del Senado, la lógica es estrictamente numérica: La Libertad Avanza necesita construir mayorías con aliados para alcanzar los 37 votos requeridos, una tarea que por ahora aparece compleja. Por eso, la estrategia oficial se orienta a avanzar primero en proyectos donde percibe mayores posibilidades de consenso.
La prioridad inmediata estará puesta en mayo sobre el tratamiento del proyecto que habilita el pago de 171 millones de dólares a fondos acreedores que quedaron fuera de acuerdos previos de reestructuración de deuda, en una señal que la Casa Rosada considera clave para fortalecer su perfil financiero internacional.
La iniciativa apunta a resolver demandas iniciadas tras el default de 2001 por bonistas que no ingresaron a los arreglos firmados en 2016.
El Gobierno busca emitir dictamen esta semana para llevar el tema al recinto el próximo 6 de mayo, en una sesión que también podría incluir pliegos judiciales, designaciones diplomáticas y otros expedientes sensibles.
En paralelo, el oficialismo abrirá otra discusión de fuerte impacto político y social: la reforma de la Ley de Salud Mental. El proyecto incorpora cambios sustanciales, como una mayor centralidad del criterio psiquiátrico en internaciones, la regulación más precisa de internaciones involuntarias bajo situaciones de riesgo grave y la integración formal de consumos problemáticos dentro de las políticas de salud mental.
Además, continúan las negociaciones en torno a la reforma sobre propiedad privada, especialmente en puntos polémicos como la flexibilización para la compra de tierras por parte de extranjeros y modificaciones vinculadas a barrios populares, aspectos que generan fuertes reparos en la oposición.
Mientras tanto, otras iniciativas conflictivas, como la reforma de discapacidad, quedarán relegadas para más adelante, ante el costo político que implicaría reabrir debates con antecedentes de amplio rechazo legislativo.
La reconfiguración de prioridades en el Senado refleja una estrategia pragmática del oficialismo: postergar discusiones de alto voltaje político, como las PASO, hasta reunir músculo parlamentario suficiente, y concentrarse mientras tanto en proyectos económicos y judiciales donde apuesta a mostrar gobernabilidad y capacidad de negociación.
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