El 1 de octubre de 2024 la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley 27.781 que modificó el Código Electoral Nacional e introdujo la Boleta Única Papel (BUP). Sin embargo, a un año y medio de su aprobación, este sistema aún no contempla plenamente a las personas ciegas. Así lo advirtió Dalmiro Videla, presidente de la Unión Cordobesa para Ciegos (Ucorci), en diálogo con Hoy Día Córdoba.
La accesibilidad electoral consiste en eliminar las barreras que impiden a las personas participar plenamente en las elecciones y ejercer su derecho al voto. Este enfoque contempla a personas con discapacidad, con limitaciones físicas permanentes o transitorias, personas mayores, embarazadas y quienes concurren con niños.
Para estos grupos se prevén distintas medidas que facilitan el proceso de votación, como la prioridad en el voto, que permite sufragar sin hacer fila; la Cabina de Votación Accesible (CVA), que incluye la posibilidad de solicitar a la autoridad de mesa una plantilla guía para firmar el padrón y marcar la Boleta Única de Papel, así como realizar la firma en condiciones adecuadas; y el voto asistido, que permite recibir ayuda de una persona de confianza o de la autoridad de mesa. También se garantiza el ingreso con perro de asistencia.
Para las personas no videntes, la opción de votar acompañadas sigue siendo la única alternativa disponible, lo que impide garantizar el carácter secreto del sufragio. En contraste con lo que ocurre en otras provincias, en Córdoba las personas ciegas o con baja visión denuncian que deben depender de terceros para poder votar, lo que afecta la confidencialidad del proceso electoral.
«Las últimas dos elecciones no se trabajó para nada el tema de que la persona ciega pueda votar de manera independiente, autónoma, como dice el artículo que el voto es secreto, absoluto, independiente», afirmó Videla. Según el referente, el sistema electoral actual en Córdoba mantuvo una «actitud de indiferencia y de poco compromiso para este sector de la sociedad».
En Córdoba existen antecedentes que demuestran que es posible avanzar en este sentido. En las elecciones municipales de Marcos Juárez en 2022, se implementó un sistema de voto accesible para personas ciegas mediante plantillas en Braille que se colocaban sobre la boleta única. También en las elecciones municipales de Córdoba de 2023 se incorporaron boletas en Braille. No obstante, en los últimos procesos electorales estas herramientas no se sostuvieron ni se ampliaron en la provincia.
Qué pasa en otras provincias
En Santa Fe, el Gobierno provincial implementó herramientas de accesibilidad electoral en el marco de los comicios de abril de 2025. A través de la Subsecretaría de Personas con Discapacidad y el Tribunal Electoral, se dispusieron plantillas en sistema Braille, voto asistido, lupas para facilitar la lectura de boletas y cartelería con códigos QR en formato de lectura fácil.
A este escenario se suma la provincia de Buenos Aires, donde en 2025 la Junta Electoral avanzó con la implementación de las plantillas Braille perforadas que se colocan sobre la boleta, junto con una audioguía complementaria accesible mediante código QR. Este sistema permite no solo identificar táctilmente las opciones, sino también escuchar la información de las listas y candidatos, ampliando las posibilidades de autonomía. La medida fue impulsada a partir del reclamo de organizaciones de personas con discapacidad visual.
En tanto, en Chaco, la Junta Electoral Nacional del distrito aprobó en 2025 una plantilla en sistema Braille adaptada a la Boleta Única de Papel. La iniciativa, certificada por el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH) y el Centro Social, Recreativo y Cultural para No Videntes y Ambliopes (CENOVI), incluye una carpeta accesible disponible en cada establecimiento de votación con material en macrotipo, un código QR con información audible y contenidos en Lengua de Señas Argentina (LSA).
Falta de decisión política
Videla subrayó que la tecnología y el conocimiento para replicar modelos de accesibilidad en Córdoba ya existen, pero que la principal barrera es la falta de decisión política. “No es cuestión de inventar nada… simplemente copiar lo que tiene Santa Fe y otras provincias”, sostuvo, y agregó que la implementación de estas herramientas implicaría un costo mínimo dentro del presupuesto electoral.
Sin embargo, para el presidente de Ucorci, el problema es más profundo y atraviesa una falta de consideración estructural hacia la discapacidad. “El gobierno últimamente se ha tomado la discapacidad como un pony para sacarse la foto. Consideramos que es una total falta de respeto utilizar la discapacidad solo en momentos electorales”, expresó.
En esa línea, Videla cuestionó la falta de participación de las organizaciones que representan a personas ciegas en el diseño de políticas públicas vinculadas a la accesibilidad. “En este tipo de cambios, las instituciones para ciegos no somos convocadas para hacer nuestro aporte como personas que vivimos la discapacidad. Eso genera desorden en la implementación y falta de criterios uniformes”, explicó, y remarcó la necesidad de que las comisiones que trabajan en discapacidad, tanto a nivel provincial como municipal, incorporen efectivamente a estos espacios en la toma de decisiones.
Como ejemplo, mencionó la implementación de la tarjeta SUBE en el transporte urbano de Córdoba, donde —según relató— no existió un criterio unificado para la ubicación de los validadores. “Cuando se incorporó el sistema, los dispositivos estaban en distintos lugares de los colectivos: algunos detrás del chofer, otros al costado, otros más abajo. Esa falta de uniformidad generó confusión para las personas ciegas”, señaló.
El referente remarcó que este tipo de situaciones no son aisladas, sino parte de un problema más amplio en el diseño de políticas públicas. “En muchos casos la ley incluye, pero en la práctica la implementación no es adecuada”, agregó.
Voto asistido: una solución cuestionada
Actualmente, la principal alternativa prevista es el “voto asistido”, que permite al elector ingresar al cuarto oscuro acompañado por una persona de su confianza o por el presidente de mesa. Desde Ucorci, esta modalidad es cuestionada, ya que se la percibe como una vulneración de derechos. Videla explicó que delegar el voto en otra persona le resta carácter democrático al proceso y desincentiva la participación de la comunidad con discapacidad visual.
En este sentido, la comunidad insiste en que las soluciones no deben ser parches de último momento, sino parte del diseño original del sistema electoral. Entre las propuestas se incluyen plantillas en braille, sistemas de audio que guíen al votante mediante auriculares y una mayor capacitación del personal encargado de asistir en los establecimientos de votación.
“Si hay alguien que sabe de la vida de los ciegos, somos los mismos ciegos”, afirmó Videla, quien hizo un llamado a los tres niveles del Estado para que convoquen a las instituciones especializadas antes de las próximas elecciones, con el objetivo de garantizar un voto verdaderamente igualitario y en condiciones de privacidad. En esa línea, remarcó que las soluciones deben diseñarse de manera conjunta con los sectores involucrados y no de forma improvisada. “Tiene que abrirse el debate con tiempo, no buscar soluciones a último momento, porque muchas veces esas respuestas no contemplan la experiencia de quienes las necesitan”, advirtió.
Como antecedente, recordó experiencias en la Universidad Nacional de Córdoba, donde en 2017 se implementaron mecanismos de accesibilidad como boletas en braille y sistemas de audio en formato MP3 para facilitar el voto.
Sin embargo, cuestionó la falta de continuidad de estas iniciativas. “Muchas veces se implementan experiencias aisladas y después no se sostienen en el tiempo. No hay continuidad en las políticas públicas”, afirmó.
En esa línea, señaló que este es un problema recurrente en materia de accesibilidad electoral. “Se avanza un poco, cambia la gestión o se deja de lado, y se vuelve a empezar de cero”, concluyó.
