Una serie de disparos sacudió este miércoles el Senado de Filipinas en medio de un operativo para detener al senador Ronald “Bato” Dela Rosa, buscado por la Corte Penal Internacional (CPI) por su presunta participación en la violenta guerra contra las drogas impulsada por el ex presidente Rodrigo Duterte. El episodio generó caos y confusión dentro del edificio legislativo, ubicado en Manila, donde el ex jefe de la Policía Nacional permanece atrincherado desde el lunes.
El presidente del Senado filipino, Alan Peter Cayetano, aseguró que la cámara estaba “bajo ataque”, aunque no brindó detalles sobre la naturaleza del incidente ni identificó a los responsables. Tras escucharse al menos 10 detonaciones, las autoridades ordenaron evacuar a periodistas y empleados del segundo piso del edificio, mientras efectivos de seguridad, equipados con cascos y chalecos antibala, bloquearon los accesos al recinto.
“El Senado está siendo atacado. ¡Por favor ayúdenos!”, escribió Dela Rosa en su cuenta de Facebook, poco antes de ser visto ingresando a uno de los ascensores del edificio. Más tarde, Cayetano intentó llevar tranquilidad al afirmar que “hasta el momento todo el mundo está a salvo”.
Según informó la Policía Nacional filipina, se está realizando una evaluación para determinar el origen de los disparos y, de manera preliminar, no se reportaron víctimas fatales ni heridos de gravedad. El Senado permanecía cerrado y bajo estrictas medidas de seguridad, mientras agentes de la Oficina Nacional de Investigación intentaban ingresar al complejo legislativo.
La tensión se produce luego de que la CPI hiciera pública una orden de arresto contra Dela Rosa, inicialmente clasificada como secreta. El senador está acusado de ser “coautor indirecto” de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos entre 2016 y 2018 durante la campaña antidrogas de Duterte.
La fiscalía internacional sostiene que Dela Rosa tuvo un rol central en los asesinatos sistemáticos ocurridos durante ese período y lo responsabiliza por la muerte de “no menos de 32 personas” mientras dirigía la Policía Nacional. Además, la investigación indica que promovió públicamente las ejecuciones y alentó a sus subordinados a justificar las muertes mediante supuestos escenarios de defensa propia.
A pesar del operativo, el legislador descartó entregarse voluntariamente y afirmó que su cargo le brinda protección institucional. “Puedo quedarme aquí mientras siga siendo senador”, declaró tras pasar su segunda noche consecutiva en el Senado. También había convocado previamente a simpatizantes de Duterte a concentrarse frente al edificio para impedir su arresto.
La presidencia de Duterte, entre 2016 y 2022, estuvo marcada por una política de seguridad extrema que dejó miles de muertos en todo el archipiélago. Las cifras oficiales reconocen unas 6.000 muertes en operativos antidrogas, aunque organizaciones de derechos humanos elevan el número de ejecuciones extrajudiciales a más de 30.000.
Actualmente, Duterte permanece detenido en La Haya a la espera de ser juzgado por cargos similares ante la CPI. El caso de Dela Rosa representa el primer intento de arresto de un senador en funciones bajo acusaciones vinculadas a crímenes de lesa humanidad.
