El ex presidente de Bolivia, Evo Morales (2006-2019), señalado por el Gobierno como uno de los impulsores de las movilizaciones que afectan al país, desafió este martes al presidente Rodrigo Paz a detenerlo en el Chapare, región donde presuntamente permanece. Además, acusó al mandatario de seguir una línea política dictada por Estados Unidos.
«Presidente, ministros, no me voy a escapar. Agárrenme aquí o mátenme aquí, se los digo de frente, no voy a escapar», afirmó Morales. El ex mandatario agregó que permanecerá en esa zona, concretamente en Lauca Ñ, y sostuvo que las autoridades pueden acudir allí para arrestarlo.
«Están manejando al F10, a los Rangers, que vengan acá. Si tienen que atacar por tierra o por aire, ataquen«, manifestó.
Paralelamente, denunció que efectivos policiales y militares instalaron dispositivos de vigilancia para interceptar sus comunicaciones y conocer sus movimientos.
Las declaraciones de Morales se producen un día después de que Paz promulgara la Ley de Estados de Excepción. En ese contexto, el ex mandatario acusó al jefe de Estado de actuar bajo directrices de Estados Unidos y lo responsabilizó por cualquier hecho de violencia que pudiera registrarse en el Chapare.
«Estoy acá, si tienen que atacar por tierra, por aire, ataquen. Cualquier muerto o herido será su responsabilidad. Lo que hizo ayer Rodrigo Paz es amenazar a Evo Morales y al trópico de Cochabamba», sostuvo en declaraciones a la radio Kawsachun Coca, con sede en esa región.
Durante la promulgación de la nueva normativa, Paz denunció que los bloqueos que se registran en distintas zonas del país son impulsados por sectores vinculados al narcotráfico. Morales, por su parte, consideró esas afirmaciones como un ataque directo en su contra.
En una publicación difundida el lunes a través de X, el ex mandatario cuestionó la nueva legislación al señalar que «debilita las garantías democráticas y la protección de los derechos humanos». Según argumentó, la norma presume la legalidad de las actuaciones estatales, limita los controles judiciales y parlamentarios y amplía la intervención militar en conflictos internos.
Por su parte, el ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, afirmó este martes que el país ya no enfrenta únicamente un conflicto interno, sino una amenaza con componentes transnacionales vinculada al crimen organizado, el narcotráfico y fuentes de financiamiento irregulares. Ante este escenario, aseguró que la respuesta estatal será institucional, democrática y ajustada a la legalidad.
«Frente a quienes buscan convertir el miedo en método político, el Estado actuará con legalidad; frente a quienes intenten someter al país mediante la violencia, actuará con firmeza; y frente a quienes pretendan quebrar el orden democrático, las Fuerzas Armadas cumplirán su misión constitucional con disciplina, serenidad y patriotismo. No será una respuesta improvisada, sino una respuesta institucional, democrática y de Estado«, afirmó.
El funcionario realizó estas declaraciones durante un acto de reconocimiento a las Fuerzas Armadas en el Colegio Militar, en medio de la prolongación de los bloqueos, la crisis de abastecimiento y las denuncias sobre el uso de armas de fuego en distintos puntos de conflicto, especialmente en San Julián, donde el pasado 6 de junio dos policías resultaron heridos por disparos.
«Hay que decirlo con claridad: la protesta pacífica es un derecho, la violencia es un delito. Ningún interés político, económico o criminal puede estar por encima de la vida del pueblo boliviano, de la Constitución y de la democracia», remarcó Justiniano.
