La imputación a Marcos Carasso agita el avispero en la política cordobesa. La legisladora provincial Karina Bruno presentó un proyecto de resolución para solicitar el apartamiento preventivo del vocal del Tribunal de Cuentas mientras avanza la investigación judicial que lo involucra en una causa por presunta defraudación al PAMI.
La propuesta fue incorporada al temario de la Legislatura de Córdoba para su tratamiento sobre tablas este miércoles, mecanismo que requiere una mayoría especial para ser aprobado.
Según trascendió, la investigación incluyó allanamientos en propiedades vinculadas al dirigente radical, oficinas del PAMI en Río Cuarto y dependencias del propio Tribunal de Cuentas. La causa analiza una presunta maniobra de sobrefacturación de prestaciones médicas que habría ocasionado un perjuicio económico millonario.
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Pedido de apartamiento
La imputación a Marcos Carasso motivó el planteo de Bruno, quien sostuvo que el funcionario debería dejar transitoriamente sus funciones hasta que la Justicia determine su situación procesal.
La legisladora argumentó que se trata de un integrante de uno de los principales organismos de control de la provincia y que la medida permitiría resguardar el funcionamiento institucional mientras se desarrolla la investigación.
En la misma línea se expresó el legislador oficialista Leonardo Limia, integrante del bloque Hacemos Unidos por Córdoba. Limia señaló a Hoy Día Córdoba que desde el bloque oficialista hicieron dos pedidos de informes, uno al Poder Judicial para conocer detalles sobre la situación judicial de Carasso, y otro al Poder Ejecutivo para clarificar su vinculación en el Tribunal de Cuentas. Además, el legislador de Hacemos Unidos por Córdoba indicó que espera que los distintos sectores de la oposición acompañen la iniciativa en el recinto.
La postura de la defensa
Por su parte, la defensa de Carasso sostuvo que la imputación a Marcos Carasso no está relacionada con una participación directa en la presunta defraudación económica investigada, sino con una figura vinculada al supuesto tráfico de influencias.
Desde su entorno afirmaron que el ex presidente de la UCR no obtuvo beneficios económicos personales y que su intervención se limitó a facilitar contactos entre personas involucradas en distintos trámites.
Mientras tanto, la Justicia Federal continúa reuniendo pruebas para determinar el grado de responsabilidad de los distintos imputados en la causa.
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