Hace un mes el gobierno provincial autorizó al Banco de Córdoba a poner en marcha un plan de refinanciación de deudas para empleados públicos. Esta misma problemática también está afectando a empleados del sector privado, cuentapropistas y jubilados que no pueden ampararse bajo ese reciente beneficio. Es por esto que el legislador socialista, miembro del bloque Hacemos Unidos, Matías Chamorro impulsa un proyecto de ley de Alivio Financiero que ya tiene estado parlamentario en la Legislatura.
Este contexto se agrava cuando las deudas no se generan para actividades productivas, sino como recurso para llegar a fin de mes y comprar alimentos. A principios de junio, el Centro de Almaceneros de Córdoba alertó que el 87,5% de los cordobeses recurrió al crédito para poder alimentarse. En este sentido, el legislador cuenta que observó las dinámicas que tienen las personas para cubrir sus necesidades: “Hay gente que saca plata de Ualá para pagar Naranja X, y después saca de Mercado Pago para pagar Ualá”.
Chamorro suma una capa de complejidad a la situación y denuncia que, a partir de las desregulaciones aprobadas por el Gobierno Nacional, los bancos, billeteras virtuales y fintechs pueden establecer sus propios criterios. Situaciones como descontar cuotas de créditos directamente del salario o incluso establecer tasas de interés que llegan al 150% han generado que las familias estén profundamente endeudadas.
Por otro lado, el legislador argumenta que esta ley no solo apunta a un ordenamiento económico, sino que también prevé un impacto en el bienestar de las personas: “Estamos convencidos de que es una respuesta concreta para recuperar el poder adquisitivo del salario. Permite que los trabajadores dejen atrás el calvario que implica el día de cobro al tener que pagar las deudas”. La propuesta pretende que el pago de las cuotas no exceda el 35% del salario, que el plazo de financiación no sea menor a 24 meses, y priorizar a aquellas familias de bajo poder adquisitivo que tienen sus salarios comprometidos en un 35% o 40% por deudas. Además, la ley pretende impulsar educación financiera.
El legislador también advierte que esta situación ha llegado a sectores medios que sienten vergüenza ante las dificultades económicas y el endeudamiento. Sin embargo, el legislador sostiene que no se trata de un problema individual y, al estar tan extendido, merece una respuesta colectiva por parte del Estado: “Tenemos que poner sobre la mesa esta problemática y acercarnos a la sociedad con herramientas para que puedan mejorar”.
Por último, el miembro de Hacemos Unidos admite que trabaja en la búsqueda de consensos para lograr la aprobación del proyecto. Además, resalta que en otros lugares del país se implementan o discuten medidas similares, como el Plan de Protección de los Ingresos decretado en Santa Fe o el proyecto de ley para crear un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal en la Ciudad de Buenos Aires.
