El Mundial 2026 viene mostrando un curioso fenómeno en Argentina, acaso único en el mundo. No se trata del talento de los jugadores comandados por Lionel Scaloni, ni de las muestras desorbitantes de pasión y entrega que despierta en la población, sino de algo mucho más pedestre y superficial, tan corriente como puede ser la actividad burocrática de las instituciones públicas. Ocurre que, en los días en que juega la Selección, se produce una abrupta hiperactividad en los poderes Ejecutivo y Judicial de nuestro país: en medio del fervor popular por la Scaloneta, se aprueban medidas sensibles como tomar deuda pública por US$ 5.000 millones o aprobar la adjudicación por 25 años de la concesión de la Hidrovía Paraná – Paraguay, y hasta se dictan sentencias judiciales que en otro contexto generarían escándalo.
En efecto, el día del durísimo partido con Cabo Verde mostró la extensión de este fenómeno tan propio de la política argentina al ámbito judicial. Ocurre que ese día, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó un fallo trascendental en el expediente $LIBRA: apartó a dos grupos de querellas en la causa que investiga la estafa internacional que tuvo como protagonista al presidente Javier Milei con el lanzamiento de la moneda digital creada por el “criptobro” Hayden Davis (cuyo paradero es hoy desconocido).
Querellas afuera
La medida tomada por Martínez de Giorgi implica que las querellas ya no podrán promover medidas de prueba, insistir con citaciones a indagatoria, apelar decisiones o incidir de cualquier otro modo en el rumbo de la causa, ya que ni siquiera tendrán acceso al expediente, ni podrán pedir medida alguna. Vale recordar que las querellas, que reunieron a los damnificados, tuvieron un rol fundamental en el impulso de la investigación en paralelo al fiscal del caso, Eduardo Taiano, cuyo accionar es duramente criticado por las presuntas víctimas.
Lo curioso es que la medida había sido solicitada por uno de los principales investigados, el lobista Mauricio Novelli, una figura clave en el proceso porque fue el nexo activo entre Davis y Milei, quien pidió correr a las querellas con el argumento de que no habían sido víctimas de una estafa, sino de los vaivenes propios del mercado cripto. El juez hizo lugar al planteo sin discutirlo, al entender que “aún cuando determinados inversores pudieran haber experimentado pérdidas económicas por la compra de $LIBRA, ello no permite concluir, por sí solo, que ellas constituyan el perjuicio directo exigido por la ley”. Este detalle podría ser decisivo para la suerte de la causa, ya que el juez parece validar la hipótesis principal de las defensas para sostener que no fue una estafa, sino que todo obedeció a la dinámica propia del mercado de las “memecoins”.
Sin medidas de pruebas
Contra lo que había fallado la Cámara Federal, adonde podría volver la cuestión si las querellas deciden apelar la decisión, el juez también dijo que no estaba del todo acreditado que los cinco querellantes que desplazó del caso sean los titulares de las billeteras que apostaron por $LIBRA y perdieron. “La información que hasta el momento han aportado y las características técnicas de los medios empleados no permiten tener por acreditada la titularidad de las billeteras virtuales que utilizaran para la compra de la criptomoneda en cuestión y el origen de los fondos utilizados para ello”, sostuvo Martínez de Giorgi, aunque precisamente esa es una de las cuestiones que su pesquisa debía determinar. “En otras palabras, los excluyó porque falta prueba que el propio proceso debería producir”, explicó el periodista especializado en el tema Hugo Alconada Mon.
“En definitiva, la resolución de Martínez de Giorgi exige una prueba casi definitiva del fraude para reconocer legitimación a quienes justamente afirman haber sido víctimas de ese fraude”, concluyó Alconada Mon, quien enfatizó que “transcurrido casi un año y medio desde que la primera denuncia por el caso $LIBRA llegó a la Justicia argentina, el expediente pasó por las manos de al menos cuatro jueces, dos fiscales y tres camaristas. Pero todavía no citaron a declarar a testigos directos, mucho menos a un acusado, mientras que los fiscales admiten no tener recursos ni presupuesto. En ese contexto, la decisión de apartar a todos los querellantes acrecienta el horizonte de impunidad final”.
“La decisión de apartar a los querellantes en el caso $Libra sumado a las demoras del fiscal en impulsar medidas clave como la indagatoria de las máximas autoridades involucradas debilita el avance del proceso penal y genera serios riesgos de impunidad”, coincidió el director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), Pedro Biscay, que oficia como “amicus curiae” en el expediente, quien adelantó que “pese a la resistencia de los operadores judiciales, el CIPCE continuará impulsando acciones y medidas de seguimiento orientadas a impulsar el esclarecimiento completo de los hechos de corrupción del caso”.
Denuncian un pacto de impunidad
Lo cierto es que la decisión de Martínez De Giorgi también generó suspicacias porque se produce justo en momentos en que el magistrado espera que Milei firme la designación como jueza federal a su esposa, luego de que el Senado aprobara el mes pasado el pliego de Ana Juan como magistrada del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham. Al igual que en el caso de la cuñada del propio Alconada Mon, Milei no firmó hasta ahora su designación, aunque nadie descarta que pueda haber sorpresas en las próximas horas.
De ahí que la oposición saliera a denunciar en masa la existencia de un pacto de impunidad. «Pacto. El Gobierno designó a la esposa del juez Martínez de Giorgi como jueza y ahora el mencionado juez, que tiene en sus manos la decisión de dormir la causa $Libra, corrió de la querella a los damnificados argentinos. ¿A pedido de quién? De Mauricio Novelli, el principal apuntado y nexo directo de Milei en el expediente que sólo se mueve para que nada avance», aseveró por caso el diputado radical Pablo Juliano. Sólo el tiempo dirá si tiene razón.
El Gobierno acelera la cobertura de vacantes y una reforma del Ministerio Público
