El Gobierno nacional otorgó a la provincia de Córdoba un anticipo financiero de hasta $400.000 millones para atender necesidades transitorias de caja y afrontar compromisos presupuestarios y amortización de deudas, según el Decreto 584/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La medida dispone que la asistencia será canalizada a través de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, que definirá el monto efectivo a desembolsar de acuerdo con la capacidad de repago de la provincia y su participación en la recaudación de tributos nacionales.
El decreto establece que los fondos deberán ser reintegrados durante el Ejercicio Fiscal 2026 mediante retenciones automáticas sobre los recursos de coparticipación federal y otros fondos coparticipables sin afectación específica.
El anticipo devengará una Tasa Fija Nominal Anual del 15%, que se aplicará sobre el saldo pendiente desde el momento del desembolso hasta la devolución efectiva.
La administración de Martín Llaryora deberá autorizar a la Secretaría de Hacienda a realizar las retenciones automáticas necesarias para cancelar el capital anticipado y los intereses correspondientes, conforme a lo establecido por la Ley de Coparticipación Federal.
La norma también faculta al Ministerio de Economía a fijar el cronograma de desembolsos, las condiciones de cancelación y a suscribir los acuerdos necesarios con la provincia para instrumentar la operación.
El decreto fundamenta la decisión en que Córdoba atraviesa una situación transitoria que le impide atender los compromisos financieros más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto y de la amortización de deudas.
La asistencia se apoya en el artículo 124 de la Ley 11.672, que autoriza al Ministerio de Economía a otorgar anticipos financieros a las provincias a cuenta de su participación en la distribución de impuestos nacionales.
La normativa recuerda, además, que durante este año el Gobierno implementó mecanismos similares para otras jurisdicciones. Entre ellas figuran Entre Ríos, que recibió inicialmente un anticipo de hasta $220.000 millones, y, posteriormente, Santa Fe y Jujuy, incorporadas al régimen de anticipos de hasta $400.000 millones.
Finalmente, el decreto dispone que la Contaduría General de la Nación registrará la operación como un anticipo de fondos de la Tesorería General de la Nación, mientras que la Secretaría de Hacienda tendrá a su cargo la ejecución y el seguimiento del mecanismo de devolución.
