La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la vigencia de la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario (LFU), tras el rechazo de la Corte Suprema al recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo.
La resolución
La Cámara indicó este martes que toda vez que la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia sobre la vigencia de la medida cautelar, es “inoficioso” (no tiene sentido) pronunciarse sobre la apelación, planteo que “ha devenido abstracto”.
Con esta resolución judicial, el gobierno de Javier Milei queda obligado a actualizar los salarios docentes y no docentes, que arrastran un retraso de más del 30%, además de garantizar los fondos para becas estudiantiles en las universidades públicas, en los términos establecidos por la norma.
El fallo de la Cámara llegó luego de que la Corte Suprema dejara firme la resolución favorable a las universidades públicas, que reclaman la actualización de los salarios docentes, las becas estudiantiles y el presupuesto universitario al mismo nivel de la inflación oficial registrada desde la asunción del presidente Milei a fines de 2023.
Si bien el Gobierno otorgó un aumento del 21% en junio pasado, tras una larga lucha de la comunidad universitaria, los salarios arrastraban una pérdida superior al 50%, por lo que aún queda un desfasaje del 30% entre los aumentos otorgados y la inflación del mismo período.
El reclamo universitario
Con esta decisión, el expediente vuelve a primera instancia para que se ejecute plenamente la medida cautelar, removiendo cualquier obstáculo que el Gobierno de Milei hubiera intentado interponer para frenar su aplicación.
“El fallo de Cámara significa que ya podemos ejecutar la cautelar que el Gobierno sigue sin cumplir. Mañana mismo vamos a presentar la ejecución», afirmó el abogado Pablo Manili, que representa en la demanda a las más de 60 Universidades nacionales nucleadas en el Concejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de todo el país.
“Estamos hablando de la cautelar que presentamos inmediatamente después de que apareció el decreto del Poder Ejecutivo que decía que no iba a poner en vigencia la ley. Fuimos sobre el tema más urgente: los salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles. Eso es lo que en este momento ha quedado firme y debería aplicarse”, expresó Marcelo Aba, rector de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), durante una entrevista.
Sergio Zaninelli, dirigente de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS), calificó la resolución judicial como “un gran avance” y explicó que el tribunal entendió que ya no existen argumentos para mantener suspendida la decisión judicial. “Si la Corte rechazó el recurso, ya no te queda ningún instrumento para levantar esa suspensión y ejecutar la medida cautelar”, sostuvo el representante gremial de Bahía Blanca.
El expediente fue remitido al Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, a cargo del juez Martín Cormick, para que continúe la ejecución de la medida cautelar.
Denuncia penal contra Santilli
Mientras tanto, el martes se conoció la primera denuncia penal contra un funcionario por incumplir la ley de Financiamiento Universitario. La presentó el diputado socialista Esteban Paulón, por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, como responsable de la ejecución de las partidas presupuestarias para cumplir la ley que votó el Congreso.
En los dos últimos períodos liquidados tras el fallo de la Corte (abonados el 1 de julio y el 1 de agosto) el Gobierno cumplió solamente con una parte del acuerdo paritario de fines de mayo, el citado incremento en torno al 21% de los salarios. Pero, para cumplir la cautelar, debería haber liquidado un 30% más.
Los principales gremios ya avisan de medidas de fuerza, de cara al inminente inicio del segundo semestre de clases.
