A casi cuatro años del siniestro en Altas Cumbres, comenzó en Villa Dolores el juicio oral y público contra el exlegislador Oscar González, acusado de homicidio culposo y lesiones graves por el siniestro del 29 de octubre de 2022, que mató a Alejandra Bengoa y dejó heridas permanentes a Marina Szulewicz y Alexa Miranda.
Tras cinco jornadas intensas en la Cámara Criminal y Correccional, el balance para las querellas y las organizaciones que acompañan a las víctimas es de un optimismo cauteloso pero firme: la primera semana de audiencias dejó revelaciones impactantes, la caída del primer intento de anulación de la defensa y un fuerte reclamo social por la igualdad ante la ley.
El juicio a Oscar González a transformado la calma habitual de Villa Dolores en un escenario de reivindicación histórica. Para las querellas, el debate no es solo un proceso penal: es, sostienen, una rendición de cuentas para el poder político cordobés, en una causa que pone a prueba a un sistema judicial históricamente asociado a las estructuras de mando de la región.
Para Luciana Echeverría, legisladora provincial (MST-FITU) y querellante en la causa federal contra González, estos primeros días han sido «muy positivos para las familias», permitiéndoles finalmente expresar un sufrimiento contenido durante años.
Por su parte, Mari Luque, referente de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra, destacó el valor de que el proceso se desarrolle en el lugar de origen del imputado, donde su influencia política fue históricamente dominante.
Ambas entrevistadas coincidieron en que la contundencia de los testimonios y el rechazo a los planteos de nulidad de la defensa marcaron un punto de inflexión en la búsqueda de justicia por el siniestro vial que se cobró la vida de Alejandra Bengoa y dejó con heridas permanentes a Marina y Alexa.
Estrategia defensiva y la fuerza de la prueba
Desde el primer minuto, la defensa de González, encabezada por Miguel Ortiz Pellegrini, intentó detener el proceso solicitando la anulación del juicio por supuestas irregularidades en la investigación fiscal. Sin embargo, el tribunal presidido por Santiago Camogli rechazó el planteo, permitiendo que la acusación por homicidio culposo y lesiones graves avanzara sin dilaciones.
«Lo positivo es que el primer intento de la defensa de anular el juicio no prosperó», señaló Echeverría, quien además calificó como maniobras para «torcer la opinión pública» los argumentos sobre supuestas pruebas contundentes a favor de González.
En su visión, los videos mencionados por la defensa no aportan elementos nuevos y la sociedad cordobesa tiene «claridad» sobre lo ocurrido.
En la misma línea, Luque recordó la tensión inicial:
«Muchos decían que el juicio no podía comenzar de esta manera, pero el juez explicó por qué el planteo no correspondía, y eso nos dio tranquilidad».
Más allá de lo técnico, los testimonios de los transeúntes que circulaban por la Ruta 34 aquel 29 de octubre de 2022 fueron determinantes. Testigos que viajaban hacia Mendoza relataron cómo la camioneta BMW de González los sobrepasó a alta velocidad —calculada en más de 100 km/h— y cruzando doble línea amarilla antes del impacto.
«Esto muestra la conducta de González en todo el recorrido», subrayó la legisladora Echeverría.
Privilegios y la «doble vara»
Uno de los puntos más críticos de la semana fue el trato diferenciado entre el victimario y las víctimas. Mari Luque denunció lo que considera una «doble vara» en el operativo policial de los tribunales.
Mientras González salía custodiado por un pasillo de hasta 30 efectivos policiales, Alexa —quien se traslada en silla de ruedas tras quedar parapléjica por el choque— fue instada por la policía a retirarse detrás de las vallas para permitir el paso del vehículo del imputado.
«¿Qué daño podría hacerle Alexa?«, cuestionó Luque, señalando que el despliegue es «desmedido» y que González «no está saliendo como un ciudadano común».
La sensación de injusticia se profundizó con el testimonio de un bombero voluntario, quien reveló que el chofer de una ambulancia se resistía inicialmente a trasladar a la víctima más grave, Alejandra Bengoa, alegando que tenía «órdenes expresas» de reservarla para Oscar González.
Para Echeverría, este hecho es una muestra cruda de «cómo el poder elige cuál vida vale más».
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Un proceso de reparación colectiva
A pesar de la indiferencia del imputado, quien se ha mantenido «muy quieto y callado» y nunca se acercó a pedir perdón, el juicio está cumpliendo una función reparadora.
«Hay una instancia de reparación cuando alguien finalmente escucha a las víctimas«, reflexionó Luque, destacando la actitud empática del juez hacia las familias durante sus declaraciones.
La Mesa de Derechos Humanos de Traslasierra no solo acompaña legalmente, sino que sostiene la logística, la alimentación y las terapias de las familias. Este acompañamiento es el antídoto contra el miedo que aún persiste en sectores de la sociedad local frente a la figura de quien fuera el hombre más poderoso de la región.
El juicio entra ahora en una etapa técnica crucial. Resta el testimonio del camionero —quien declaró no haber visto nada pese a estar en el epicentro— y los peritos accidentológicos.
Las entrevistadas coinciden en que el objetivo es claro: que la condena sea ejemplar. «Que la justicia no se cambie de carril», resumió Echeverría citando el reclamo popular.
