El crecimiento de la energía y la minería durante el gobierno de Javier Milei está provocando un reordenamiento entre los principales sectores económicos de la Argentina y dando lugar a una nueva estructura de poder.
El tradicional protagonismo del campo como principal generador de divisas comienza a ser compartido con las industrias petrolera y minera, impulsadas por el desarrollo de Vaca Muerta y de grandes proyectos extractivos.
Uno de los principales indicadores de este cambio se produjo durante el primer semestre de 2026, cuando el petróleo crudo desplazó por primera vez a la harina de soja como principal producto individual de exportación del país. El dato refleja el impacto que comenzó a tener la expansión energética sobre la generación de dólares y modifica una dinámica que durante décadas colocó al sector agropecuario en el centro de la discusión cambiaria.
Históricamente, ante las dificultades para acceder a divisas, los distintos gobiernos recurrieron al campo para reforzar las reservas y contener las presiones sobre el peso. Esa situación generó medidas como aumentos de retenciones, tipos de cambio diferenciales y programas específicos para acelerar la liquidación de exportaciones.
Ahora, el escenario es diferente: la energía y la minería se consolidan como nuevas fuentes genuinas de dólares y amplían el margen de maniobra del Gobierno frente a eventuales tensiones cambiarias.
Nuevas alianzas entre el campo y el petróleo
El cambio también comienza a reflejarse en las relaciones entre los grandes actores empresariales. Durante años, las compañías agroindustriales y las petroleras mantuvieron fuertes diferencias, especialmente por el negocio de los biocombustibles. Mientras las primeras buscaban aumentar la participación de productos de origen vegetal en las naftas y el gasoil, las petroleras defendían su participación en ese mercado.
Sin embargo, las perspectivas de un importante negocio con Europa están acercando posiciones. Empresas agroindustriales como AGD y Dreyfus mantienen conversaciones con compañías como YPF y PAE, mientras distintos actores del sector consideran que los combustibles destinados a aviones y barcos podrían convertirse en un nuevo mercado estratégico.
El eventual desarrollo de biorrefinerías también podría profundizar esa integración. En este contexto, comienza a tomar forma un frente empresarial con intereses comunes, especialmente en materia de regulación y políticas relacionadas con las exportaciones y el acceso a las divisas.
La minería gana espacio
La transformación alcanza también al sector minero, que recuperó un protagonismo político y empresarial que no tenía desde hace décadas. Roberto Cacciola, titular de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), comenzó a ocupar espacios junto a referentes de la energía y del agro, una señal del nuevo peso que adquirió la actividad.
El acercamiento con el campo también responde a intereses concretos. Los grandes proyectos de cobre y litio se encuentran alejados de las principales zonas agrícolas y, desde el sector agropecuario, existe la expectativa de que el crecimiento de la minería y la energía contribuya a reducir progresivamente las retenciones sobre productos como la soja, el trigo y el maíz.
A esto se suma la posibilidad de que empresas mineras y agroindustriales participen conjuntamente en negocios vinculados con el transporte ferroviario. Compañías como Río Tinto y firmas del sector agropecuario podrían interesarse en la operación del Belgrano Cargas, aprovechando una infraestructura que permitiría trasladar granos hacia los puertos y utilizar los mismos trenes para transportar recursos mineros en el regreso.
La disputa por el Belgrano Cargas y el papel de Estados Unidos
En ese negocio aparece un competidor de peso: Grupo México, conglomerado controlado por el empresario Germán Larrea Mota-Velasco, que manifestó su intención de invertir unos US$3.000 millones en la Argentina.
El grupo mexicano se asoció además con la estadounidense Wabtec, una compañía que cuenta con respaldo del gobierno de Donald Trump. Ese vínculo derivó en una participación activa de la embajada de Estados Unidos en la Argentina, que acercó al Gobierno recomendaciones vinculadas con las condiciones para la licitación del Belgrano Cargas.
La representación diplomática estadounidense también habría intervenido en otros proyectos estratégicos. Entre ellos aparece una iniciativa vinculada con la construcción de un reactor nuclear impulsada por el empresario norteamericano Hamid Ansari, de Meitner Energy.
La participación de la embajada muestra, según el análisis, hasta qué punto la defensa de los intereses empresariales estadounidenses comenzó a ocupar un lugar relevante en algunos de los principales proyectos de inversión de la Argentina.
Un nuevo vínculo entre empresarios y el Gobierno
El reordenamiento también alcanza la relación entre los grandes empresarios y la administración de Milei. Referentes del sector minero, en particular, comenzaron a desarrollar vínculos más estrechos con funcionarios de primera línea, entre ellos Karina Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
El propio Presidente también modificó su relación con los grandes inversores internacionales. Empresarios comenzaron a describir un “Milei 2.0”, más enfocado en utilizar su propia figura para atraer inversiones y convencer personalmente a compañías extranjeras de desembarcar en el país.
En las últimas semanas, el mandatario mantuvo reuniones con importantes empresarios internacionales, entre ellos Margarita Louis-Dreyfus, además de representantes de Bayer y ejecutivos de compañías como Ferrovial, Meliá, Prosegur, Naturgy y Acciona durante su viaje a España.
El cambio de estrategia se produce en un contexto en el que parte de la economía todavía muestra dificultades para recuperarse, por lo que el Gobierno busca fortalecer los sectores capaces de generar inversiones, exportaciones y divisas.
Así, el modelo económico impulsado por Milei no solo está modificando la estructura productiva, sino también las relaciones entre quienes concentran mayor poder económico. El campo mantiene un papel central, pero ahora comparte escenario con la energía y la minería, mientras las alianzas entre sectores comienzan a configurar un nuevo mapa de intereses empresariales en la Argentina.
El Gobierno proyecta más de 50.000 millones en exportaciones energéticas y mineras hacia 2030
