El presidente de Chile, José Antonio Kast, presentó este lunes un proyecto de reforma constitucional que busca crear un nuevo estado de excepción para combatir el crimen organizado, además de establecer regímenes penitenciarios diferenciados, entre otras medidas que forman parte de la llamada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
“Se requiere llevar ese combate al crimen organizado, al terrorismo, a nuestra Carta Fundamental. Por eso es que planteamos esta reforma, que va a tener discusión, evidente, pero es absolutamente necesaria”, afirmó el mandatario durante un discurso ante la prensa en el Palacio de La Moneda.
“Tenemos que avanzar en esta agenda”, insistió Kast. Entre los principales puntos del plan también se encuentra la creación de una nómina de organizaciones criminales y terroristas. Además de la modificación constitucional, la agenda contempla nueve nuevos proyectos de ley y otros 19 que ya se encuentran en trámite en el Congreso.
Una crisis que compete a todos
Al presentar la iniciativa, Kast sostuvo que la inseguridad que atraviesa el país constituye un problema que excede a su administración y que requiere una respuesta de largo plazo.
“Cuando asumimos el gobierno lo hicimos enfrentando una de las mayores crisis de seguridad de la historia reciente en Chile. Una crisis que excede por largo un solo gobierno. Uno podría atribuirle a un gobierno toda la responsabilidad, pero no es así. Este fenómeno del crimen organizado transnacional, el tema del terrorismo, viene de larga data”, señaló.
La propuesta contempla la creación de un nuevo estado de excepción que podría aplicarse en zonas afectadas por delitos graves, inicialmente en los 50 barrios que ya fueron intervenidos mediante despliegues policiales.
Actualmente, el estado de excepción es aplicado de manera ininterrumpida en cuatro provincias de las regiones de La Araucanía y Biobío, y ha sido renovado por el Congreso desde 2022 debido a los reiterados episodios de violencia registrados en esas zonas.
Esta figura permite desplegar a las Fuerzas Armadas para colaborar en el control del orden público, con una mayor presencia de efectivos y facultades especiales para los militares.
A diferencia de países vecinos como Bolivia o Perú, Chile no es un país productor de drogas, sino principalmente un territorio de destino y una plataforma para la distribución de estupefacientes hacia mercados de Asia, Europa y Estados Unidos, favorecida por su amplia infraestructura portuaria.
En los últimos años, el crimen organizado se consolidó en el país sudamericano a través de distintas actividades ilegales, convirtiéndose en una de las principales preocupaciones de las autoridades y en uno de los ejes centrales de la agenda de seguridad del Gobierno de Kast.
