Con más del 85% de estas entidades en situación irregular y con muchas trabas administrativas vigentes, el proyecto propone un esquema de regularización y cruce de datos inteligente que promete aliviar la carga de miles de bibliotecas populares, clubes de barrio y centros de jubilados que sostienen el tejido social allí donde el Estado muchas veces no llega.
Hoy Día Córdoba: ¿En qué consiste esta propuesta que ha presentado en la Unicameral?
Matías Chamorro: La iniciativa tiene estado parlamentario y ya hemos iniciado el tratamiento parlamentario en la comisión de economía social, que yo presido. Hemos recibido en dicha comisión a las autoridades del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) y también a las autoridades de la Inspección de Personas Jurídicas (IPJ). Se centra principalmente en poder eximir a las asociaciones civiles y a las fundaciones del requisito de presentar balances contables auditados. Este requisito habitualmente les impide estar al día y les insume una enorme cantidad de gastos, burocracia, trámites y energía. Son procesos muy costosos y, muchas veces, estas entidades no cuentan con ese dinero.
HDC: Son pequeñas entidades sin fines de lucro…
MC: Claro, y la mayoría de las autoridades de estas asociaciones y fundaciones son personas voluntarias, que forman parte de estas entidades que tienen un manejo económico muy sencillo y poco cuantioso. Sin embargo, hoy en día deben destinar mucha energía a sortear trabas y burocracias muy difíciles de cumplir, lo que muchas veces les impide llevar adelante la función social por la cual fueron constituidas. Con este proyecto de ley venimos a proponer un mecanismo muy simplificado, gratuito y casi todo online para que no tengan que recorrer y penar lo que hasta hoy viene siendo una realidad muy compleja.
HDC: ¿A cuántas entidades afecta esta situación de irregularidad administrativa?
MC: La realidad concreta nos marca números muy contundentes. En Córdoba hay casi 13.000 asociaciones civiles y fundaciones, de las cuales más del 85% se encuentran en una situación irregular. Con esta iniciativa, pensamos que vamos a poder acompañar y regularizar a un gran número de asociaciones civiles para fortalecer y respaldar de manera más clara la tarea solidaria, democrática y sin fines de lucro que realizan diariamente en el territorio.
HDC: ¿A qué tipo de instituciones nos referimos específicamente y quiénes podrán adherir a beneficio?
MC: Son entidades sin fines de lucro que llevan adelante importantes tareas comunitarias en el territorio. Estamos hablando de centros de jubilados, clubes de barrio, bomberos voluntarios, cooperadoras escolares, centros vecinales, bibliotecas populares, comedores, centros de enseñanza y asociaciones vinculadas a la salud o a la defensa de los derechos humanos. El límite que estamos estableciendo en la ley tiene que ver con el giro comercial. El beneficio no va a ser para aquellas entidades que tengan un giro comercial alto, sino para las que tengan un giro comercial modesto, por debajo del límite establecido. Esto deja afuera, por ejemplo, a los clubes de primera división o a aquellas entidades que, por su giro comercial, manejan fondos importantes y ya vienen cumpliendo con este tipo de requisitos de manera habitual.
HDC: Al flexibilizar, ¿no se corre el riesgo de perder transparencia en el manejo de fondos?
MC: De ninguna manera. La flexibilización y la facilitación de este tipo de trámite no implica bajar los estándares de control y transparencia. Lo que viene ocurriendo en la realidad es que el Estado le requiere a estas entidades información que el propio Estado ya posee. Queremos construir un Estado inteligente y eficiente, que esté para ayudar y no para ser una carga o un enemigo de estas entidades. Hoy en día, estar en situación irregular les impide aplicar a programas internacionales de acompañamiento, bancarizar sus ingresos o sumarse a programas públicos.
HDC: ¿Existen antecedentes de este tipo de flexibilización para entidades de menor escala?
MC: Sí, absolutamente. En otros países, la exigencia de balances y auditorías complejas como las que hoy se les pide a las asociaciones civiles en nuestro medio está estrictamente limitada para las empresas que cotizan en bolsa. Imagínate la diferencia y la importancia que tendría aplicar este criterio aquí. Para un centro vecinal, un centro de jubilados o una biblioteca popular, cuyo único recurso proviene de una cuota voluntaria, de la venta de pollos o de la organización solidaria, estas exigencias representan un desgaste enorme.
HDC: ¿Cómo ha sido la recepción de esta propuesta por parte de los organismos de control y de las federaciones que agrupan a estas entidades?
MC: Nos hemos reunido primeramente con la IPJ, con ARCA y con el CPCE, y debo destacar la excelente predisposición de estos organismos para simplificar, acompañar el proceso y permitir la modernización del Estado. Hoy en día está muy en boga, sobre todo a nivel del gobierno nacional, la cuestión de la desregulación. Sin embargo, esa desregulación nacional siempre parece estar a favor de los grandes capitales y de quienes concentran el poder. En cambio, esta desregulación y modernización que proponemos en Córdoba está a favor de las entidades que todos los días sostienen el territorio. Por el lado de las organizaciones, nos han manifestado su total conformidad. Era un reclamo y una solicitud que venían sosteniendo desde hace mucho tiempo.
HDC: ¿Cómo resolverán la situación de las deudas documentales de años anteriores?
MC: La ley va a regir hacia adelante, pero contemplará un proceso y un período de ventana con un régimen simplificado para ir hacia atrás. Las entidades que deban balances anteriores, si cumplen con los requisitos del régimen simplificado, podrán presentar y acompañar la información requerida, la cual no necesariamente consistirá en un balance tradicional. Esto estará validado por un convenio que se firmará entre la IPJ, ARCA y Rentas, permitiendo regularizar una cantidad de ejercicios anteriores.
HDC: Para finalizar, ¿para cuándo estiman que podrá convertirse efectivamente en ley?
MC: Nuestra vocación es que se pueda aprobar cuanto antes, ya que entendemos que cuenta con un amplio consenso. Estamos incorporando los aportes que nos han hecho llegar los distintos sectores. Esperamos que en la próxima sesión o más tardar en septiembre, esto ya sea una realidad. En este contexto de crisis nacional nos parece fundamental dar una señal clara de acompañamiento desde el Estado de Córdoba, demostrando que miramos la realidad con una clave distinta y apoyando a quienes más lo necesitan.
