Este 19 de agosto se conmemora una vez más el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, una fecha instituida por Naciones Unidas para rendir homenaje a los trabajadores humanitarios y para visibilizar la situación de millones de personas que, en distintos puntos del planeta, dependen de la ayuda internacional para sobrevivir a guerras, hambrunas, terremotos, inundaciones y otras catástrofes.

La efeméride tiene un origen trágico. El 19 de agosto de 2003, un atentado con explosivos contra la sede de Naciones Unidas en Bagdad, el llamado Hotel Canal, provocó la muerte de 22 personas, entre ellas el diplomático brasileño Sergio Vieira de Mello, entonces representante especial del organismo en Irak. En homenaje a las víctimas de aquel ataque y a todo el personal humanitario que pierde la vida en el ejercicio de su labor, la Asamblea General de la ONU declaró en 2008 el 19 de agosto como jornada mundial dedicada a este tema.

Desde entonces, la fecha se utiliza para poner el foco en las personas que trabajan en primera línea de las crisis, médicos, logistas, voluntarios de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, personal de agencias de la ONU y de organizaciones no gubernamentales, y también para insistir en un reclamo que, según especialistas en derecho internacional, todavía no está del todo saldado: el de garantizar que la ayuda llegue rápido y sin trabas a quienes la necesitan.

Un debate jurídico que lleva décadas abierto

Aunque suele darse por sentado que las víctimas de una catástrofe tienen derecho a recibir auxilio, la realidad jurídica es más compleja. Especialistas en derecho internacional han señalado que, a diferencia de lo que ocurre con los conflictos armados, regidos desde 1949 por los Convenios de Ginebra, no existe un tratado multilateral específico que consagre de manera explícita el derecho de las víctimas de desastres naturales a recibir asistencia humanitaria.

Esa ausencia normativa ha llevado a que la discusión se traslade al terreno de la costumbre internacional, es decir, a la pregunta de si la práctica reiterada de Estados y organismos a la hora de socorrer a poblaciones afectadas alcanza a configurar una obligación jurídica vinculante.

La tensión de fondo es siempre la misma: por un lado, el argumento de que negar el ingreso de ayuda pone en juego el derecho más elemental, el derecho a la vida, además de los derechos a la alimentación, la vestimenta y la vivienda. Por otro, la resistencia de los Estados a aceptar cualquier injerencia externa, amparados en el principio clásico de soberanía nacional y de no intervención en los asuntos internos.

Ese choque explica episodios que la historia humanitaria recuerda como advertencias. En 1990, tras un terremoto que dejó más de 50.000 muertos en la provincia iraní de Gilán, el gobierno de Irán demoró semanas en pedir ayuda internacional, llegó a prohibir vuelos directos de socorro y exigió que los equipos de rescate se mantuvieran alejados; ese retraso, según especialistas, costó vidas que podrían haberse salvado.

Algo similar ocurrió en Afganistán en 1998, cuando la combinación de mal tiempo, control territorial de la entonces milicia talibán y un estricto régimen fronterizo dejó a poblados enteros sin asistencia durante días, con personas en riesgo de morir de hambre. Y en la hambruna que azotó a Corea del Norte entre 1997 y 1998, con estimaciones de millones de muertos, la comunidad internacional se topó con obstáculos políticos para hacer llegar la ayuda alimentaria pese a la magnitud de la crisis.

Frente a estos antecedentes, distintos juristas plantearon ya hace más de veinte años la necesidad de un acuerdo internacional específico que fije con claridad los derechos de las víctimas y las obligaciones de los Estados, similar en espíritu a lo que los Convenios de Ginebra hicieron para los conflictos armados. La propuesta incluía, entre otros puntos, que los Estados que no puedan o no quieran asistir a su población acepten con celeridad la ayuda de organizaciones neutrales e imparciales debidamente habilitadas, y que se garantice a esas organizaciones un acceso rápido y sin obstáculos a las zonas afectadas.

Asistencia, injerencia e intervención: tres palabras, una misma discusión

Buena parte del debate académico y diplomático de las últimas décadas giró en torno a una distinción que suele generar confusión: la diferencia entre el derecho de las organizaciones humanitarias a ofrecer sus servicios, reconocido desde hace tiempo por el derecho internacional humanitario, incluso en los propios Convenios de Ginebra, y la pretensión de imponer esa ayuda por la fuerza, lo que se conoce como «derecho de injerencia».

Mientras el primero está ampliamente aceptado, aunque condicionado en la práctica al consentimiento del Estado receptor, la segunda idea, la de que un tercer Estado o una organización pueda intervenir incluso contra la voluntad del gobierno afectado, nunca logró consolidarse como norma de derecho internacional positivo.

La Corte Internacional de Justicia estableció, en su fallo sobre las actividades militares y paramilitares en Nicaragua, que una asistencia humanitaria limitada a los fines propios de la Cruz Roja, distribuida sin discriminación, no puede considerarse una injerencia condenable en los asuntos internos de un Estado. Ese criterio humanidad, imparcialidad y, para muchos especialistas, neutralidad, se convirtió en el estándar que distingue la ayuda legítima de la intervención política o militar disfrazada de humanitarismo.

La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que en 1991 amparó la protección de la población kurda en Irak fue señalada en su momento como un antecedente inédito, al habilitar de hecho una intervención en asuntos internos por motivos humanitarios. Sin embargo, especialistas advirtieron entonces sobre los riesgos de que ese tipo de acciones dependa del veto y de los intereses políticos de las potencias con asiento permanente en el Consejo, lo que convertiría a la asistencia humanitaria en un instrumento más de la diplomacia y no en un derecho universal aplicado por igual a todos los pueblos.

Los avances del derecho internacional humanitario

Donde sí existe un marco jurídico más consolidado es en los conflictos armados. El derecho internacional humanitario reconoce desde 1949 el derecho de organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja a ofrecer sus servicios a las partes en un conflicto, y obliga a los Estados a permitir el paso de asistencia cuando la población bajo su control, o bajo ocupación, no está adecuadamente abastecida. Ese derecho se vincula, según analistas del derecho internacional, con la obligación estatal de garantizar el derecho a la vida, que no admite suspensión ni siquiera en tiempos de guerra.

No obstante, incluso en ese terreno más desarrollado persisten lagunas importantes: la necesidad del consentimiento del Estado sigue siendo la regla, los mecanismos de control disponibles, desde los sistemas de informes de derechos humanos hasta la figura de la Potencia protectora, resultan lentos o poco efectivos, y buena parte de los conflictos actuales son internos, un terreno donde la protección jurídica es todavía más débil, sobre todo cuando quienes deben cumplir esas obligaciones son grupos armados no estatales y no gobiernos reconocidos.

Una discusión que este 2026 volvió a quedar al descubierto

A más de dos décadas de que estos debates jurídicos comenzaran a tomar forma, la pregunta de fondo continúa sin una respuesta definitiva: ¿qué debe pesar más frente a una catástrofe, la urgencia de salvar vidas o la soberanía de los Estados para decidir quién puede ingresar a su territorio? Los terremotos que golpearon distintos puntos del planeta durante 2026 volvieron a poner esa tensión en primer plano y demostraron que, ante una emergencia de gran escala, la asistencia internacional puede marcar la diferencia entre una respuesta efectiva y una tragedia todavía mayor.

El caso más reciente es el de Colombia. El terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto dejó, nueve días después, 312 muertos, 4.611 heridos y 290 desaparecidos en 470 municipios de 15 departamentos. Más de 143.000 familias resultaron afectadas y casi 30.000 viviendas quedaron destruidas.

Frente a la magnitud del desastre, el país recibió ayuda humanitaria y el apoyo de equipos especializados provenientes del exterior. Entre ellos se encuentra un contingente de 32 efectivos de las Fuerzas Armadas argentinas que viajará para colaborar con las tareas de emergencia. Pero la solidaridad internacional deberá extenderse mucho más allá del rescate: las primeras estimaciones ubican en unos 9.500 millones de dólares el costo de reconstruir las zonas devastadas.

Colombia no fue un caso aislado. Días después, un terremoto de magnitud 7,7 sacudió la isla indonesia de Flores y dejó al menos 68 muertos, más de 200 heridos y unas 19.000 personas refugiadas. Las dificultades geográficas, los deslizamientos y las rutas bloqueadas volvieron a demostrar que la asistencia no depende únicamente de la voluntad política: también requiere infraestructura, logística y capacidad para alcanzar rápidamente a las comunidades más aisladas. En un país acostumbrado a convivir con terremotos y tsunamis, la tragedia volvió a recordar que la prevención y la cooperación resultan tan importantes como la respuesta posterior al desastre.

En Japón, a fines de julio, otro terremoto, esta vez de magnitud 7,1, dejó 34 muertos en la prefectura de Kumamoto y obligó a las autoridades a enfrentar una emergencia dentro de otra. Miles de evacuados debieron permanecer en refugios mientras las altas temperaturas complicaban las condiciones de asistencia y los cortes de agua y electricidad afectaban a decenas de miles de hogares. La respuesta estatal tuvo que incorporar incluso equipos de aire acondicionado para proteger a la población evacuada, una muestra de cómo las necesidades humanitarias se multiplican cuando una catástrofe golpea sobre sistemas básicos ya debilitados.

El caso venezolano expone todavía con mayor claridad lo que ocurre cuando la emergencia se prolonga y la atención internacional comienza a disminuir. A un mes de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que devastaron el norte del país, el Banco Mundial estimó pérdidas directas por 19.500 millones de dólares y advirtió que la reconstrucción podría extenderse durante una década. Más de 5.300 personas habían muerto y miles continuaban desplazadas, mientras organizaciones humanitarias alertaban que apenas el 39% de los fondos necesarios para asistir a la población habían sido cubiertos. Allí aparece una de las principales advertencias de este año: la solidaridad no puede agotarse cuando desaparecen las imágenes de los escombros de las primeras horas.

Por eso, el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria no debería limitarse a homenajear a quienes arriesgan su vida para ayudar en medio de una emergencia. También debería servir para preguntarnos cuánto falta para que el auxilio deje de depender de la coyuntura política, de la capacidad económica de cada país o del interés que una tragedia despierte durante unos pocos días.

Los terremotos de este 2026 volvieron a demostrar que ninguna frontera detiene una catástrofe y que, frente a ella, la respuesta tampoco debería tener fronteras. El desafío pendiente es convertir la solidaridad internacional en mecanismos permanentes, ágiles y previsibles, capaces de garantizar que toda persona afectada pueda recibir asistencia cuando más la necesita, independientemente del lugar del mundo en el que haya nacido o del tiempo que permanezca una tragedia en las noticias.