La Oficina de Jurados Populares publicó la nómina de 9.871 personas sorteadas para integrar las Cámaras del Crimen durante el año 2027 en la provincia de Córdoba. El acto formal se desarrolló el pasado jueves 27 de agosto en el Palacio de Justicia I bajo la presidencia de la jueza electoral Marta Vidal. La consulta ya se encuentra disponible en la web oficial del Poder Judicial para que los ciudadanos verifiquen si deben cumplir con este servicio.
El procedimiento de selección se realizó sobre la base del padrón electoral vigente. Para esta edición, las autoridades excluyeron de forma previa a empleados públicos provinciales, abogados y escribanos, debido a que la Ley 9.182 establece que estas profesiones no pueden formar parte de un tribunal ciudadano.
Además, la nómina puede revisarse ingresando el número de documento en el sitio web de la Oficina de Jurados Populares. En paralelo, las personas elegidas recibirán una notificación formal a través de la plataforma Ciudadano Digital (CIDI) durante los próximos días.
Pasos requeridos para completar el trámite obligatorio
Quienes integren la lista preliminar tienen la obligación de completar un formulario digital accesible desde el Portal para la Ciudadanía del Poder Judicial. Para ingresar a este sistema, el usuario debe utilizar su clave personal de CIDI o ingresar mediante el enlace enviado en la notificación.
Por su parte, la Oficina de Jurados Populares analizará las declaraciones juradas recibidas. Tras este proceso de revisión y filtro, la entidad confeccionará el padrón definitivo con los vecinos que cumplan los requisitos legales. Para consultas, la dependencia atiende de 8 a 14 horas al teléfono (0351) 4266852 o vía correo electrónico a oficinajurados-cba@justiciacordoba.gob.ar.
Alcance de la función y compensación
Según establece la normativa provincial, los jurados populares juzgan junto a tres magistrados los casos de crímenes aberrantes, delitos económicos y hechos de corrupción. El tribunal se conforma en mayoría por ocho ciudadanos y la tarea representa una carga pública de cumplimiento obligatorio.
Por último, el marco legal dispone que el Estado provincial abonará una retribución diaria a cada persona que desempeñe efectivamente la función en los juicios asignados
