La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires anunció que impulsará un juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, por haber suspendido por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil. El espacio político considera que la medida «atenta contra una ley sancionada por el Congreso de la Nación y profundiza la situación de impunidad» en el territorio bonaerense.
Los argumentos de LLA
El presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, encabeza una mesa de trabajo junto a sus equipos técnicos y políticos para definir el mecanismo de destitución de la magistrada. En declaraciones públicas, Pareja calificó a Pascual como «una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política» y la acusó de actuar «como un peón del gobernador» Axel Kicillof.
La decisión de Pascual se conoció apenas 48 horas después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que establece la imputabilidad de adolescentes desde los 14 años.
La suspensión por 60 días de la norma se dictó a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, que alertó sobre la falta de condiciones materiales e institucionales del sistema bonaerense para afrontar el cambio normativo.
En su fallo, la jueza argumentó que «el Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir» y señaló deficiencias persistentes en el acceso a educación, formación profesional y limitaciones en los tiempos de aislamiento en los centros socioeducativos. Además, fijó una audiencia para el 16 de septiembre con funcionarios del Ejecutivo provincial.
Denuncia judicial
El conflicto también generó una presentación penal contra la magistrada por parte de la organización Usina de Justicia, que la denunció por presunta usurpación funcional y abuso de autoridad. La entidad consideró que la jueza ha excedido sus facultades al suspender la aplicación de una norma penal aprobada por el Congreso, por más que se trate de una suspensión parcial por 60 días.
Dirigentes de LLA como el senador Carlos Curestis y el diputado Juan Osaba respaldaron la iniciativa y criticaron duramente la decisión judicial. «Es inadmisible que un fallo político de una jueza de Lomas de Zamora suspenda la ley penal juvenil dándole la espalda a las víctimas», sostuvo Osaba.
La nueva legislación, que reemplaza el régimen vigente desde 1980, contempla penas alternativas a la prisión, un máximo de 15 años de condena y la participación de las víctimas en el proceso. Para su implementación, el Congreso destinó una partida presupuestaria de $23.739 millones.
Fuertes cruces políticos
La decisión judicial también provocó repercusiones políticas, con un fuerte enfrentamiento entre el gobierno nacional y la administración bonaerense. Mientras el equipo de Kicillof se alineó con el fallo judicial, la Casa Rosada, principal impulsora de la reforma normativa, lanzó duras críticas contra la gestión provincial.
“Señor Ministro de Inseguridad de la Provincia de Buenos Aires, ¿por qué no se sienta con el Gobernador y le pide que deje de comprar penes de madera? Mejor que invierta más en seguridad que el conurbano es tierra de nadie”, planteó el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien aspira a convertirse en gobernador bonaerense en las elecciones del año que viene.
Menos de una hora y media después, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Alonso, recogió el guante y le respondió a Santilli, a quien acusó de no mantener un “diálogo institucional” con las provincias y de “esconderse detrás de la chicana”.
