Luego del fuerte volantazo que el Poder Ejecutivo anunció respecto a los ajustes incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027, el oficialismo logró conseguir este miércoles 42 firmas en un plenario de la Cámara de Diputados para aprobar un dictamen propio, de mayoría, sobre el proyecto de ley que regula el sistema de Discapacidad.
El dictamen oficial
Para La Libertad Avanza, este proyecto cristaliza una versión “superadora” de la Ley de Emergencia (27.793) que la oposición de Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y Elijo Catamarca buscaban prorrogar por un año más.
A ciencia cierta, tras cerrar filas con el PRO, la UCR, Argentina Federal, Producción y Trabajo y La Neuquinidad, LLA logró avanzar con un proyecto que incluye la gran mayoría de beneficios que promovía la citada Ley 27.793, que caduca el próximo 31 de diciembre, pero lo convierte en una norma de orden nacional de carácter permanente, con lo que deja atrás el carácter transitorio de la ley de emergencia.
Si bien este proyecto nuevo todavía convive con el capítulo 6 del Presupuesto 2027, que va en sentido contrario al liquidar el sistema de cuidado de la discapacidad, el oficialismo logró el respaldo aliado bajo el compromiso de eliminarlo en el debate de la “ley de leyes”.
Se trata entonces de una buena noticia para millones de personas discapacitadas y sus familias, que podrán contar con la seguridad de seguir teniendo los beneficios –mínimos- que ofrece la Ley 27.793, a no ser que el Gobierno nacional rompa sus promesas.
El plenario de comisiones
Al comenzar el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda, la diputada oficialista Laura Rodríguez Machado fue la vocera designada del conglomerado de bloques para presentar el proyecto, que calificó como una “propuesta de una ley superadora”.
“No venimos a demonizar la ley de emergencia, sino a preguntarnos ¿qué pasa el día después de la emergencia?”, argumentó la cordobesa, quien aseguró que el dictamen oficial “reafirma los principios de la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, ratificada por una ley de nuestro país que básicamente habla de la no regresividad de los derechos”.
Dicha convención, aseguró, impulsa a los bloques a no quedarse con la “transitoriedad” de la Ley de Emergencia, sino a avanzar en una ley permanente para el sector.
Los detalles del dictamen
Rodríguez Machado explicó que el proyecto garantiza la compatibilidad entre tener un trabajo formal con ingresos de hasta dos salarios mínimos y gozar de la pensión por discapacidad.
También se reafirma que el “derecho al cobro de las compensaciones subsiste aunque termine la emergencia” y deberá ser saldado a través de un cronograma de pagos.
“Ratificamos la universalidad y la homogeneidad de los aranceles del nomenclador”, señaló la diputada bullrichista, quien aseguró que cree “fervientemente en los derechos de las personas con discapacidad” pero aclaró que serán “debidamente auditados”.
La posición de la oposición
La diputada de Provincias Unidas, María Inés Zigarán, celebró “el cambio de posición insólito” del oficialismo y destacó que “llama la atención inclusive el uso del lenguaje de respeto a los derechos que no han tenido en todo este tiempo sobre el colectivo de la discapacidad”.
Sin embargo, Zigarán planteó que el proyecto que plantea el oficialismo no ha tenido tratamiento en comisión como sí los expedientes incluidos en el emplazamiento votado en el recinto. “Si hay un proyecto distinto, debe seguir el curso parlamentario”, sugirió.
Eduardo Valdés (Unión por la Patria) dijo por su parte que al peronismo les “hubiera gustado resolver antes la situación del colectivo de personas con discapacidad”. “No nos gustan las emergencias, nos obligaron a la emergencia”, aclaró Valdés, quien aseveró: “Sinceramente es difícil trabajar bien cuando nos corren permanentemente el arco. Me encantaría votar este tema por unanimidad; hasta sería un gran ejemplo antes de que llegue el Papa”, planteó.
No obstante, habló de una falta de confianza en el Ejecutivo nacional y puso como condición para firmar el dictamen que “retiren el Presupuesto del Parlamento y que pongan las partidas de discapacidad con la firma de (Luis) Caputo”, algo que no fue aceptado por el oficialismo.
A su turno, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro pidió que no le “tomen el pelo”. “El Gobierno y sus diputados dieron una verdadera vuelta carnero en el aire después de haber enviado un Presupuesto que buscaba destruir la homogeneidad de las prestaciones y recortar derechos de las personas con discapacidad, y luego de que tuviéramos que obligarlos a emplazar a las comisiones para que el tema pudiera avanzar”, recordó Ferraro, quien destacó que “durante un año incumplieron la Ley de Emergencia, les faltaron el respeto a las familias y abandonaron a terapeutas y prestadores”
En ese sentido, acusó al oficialismo de pretender “lavarse la cara y saldar culpas con el dictamen que impulsan”. “Pero no puede pasar inadvertida la intención que tuvieron los 15 procesados en la Andis por corrupción, ni el abandono y los incumplimientos hacia las personas con discapacidad y sus familias”, remató Ferraro.
Por último, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, insistió con la necesidad de prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027 y calificó el cambio de postura del oficialismo como “saltos ornamentales” y “contorsionismo”.
Críticas de los aliados
Aún así, en este nuevo clima de acuerdo general y a pocos días del rotundo distanciamiento de Patricia Bullrich, la dirigencia del PRO salió este miércoles a cuestionar «el manejo de la política de discapacidad» del Gobierno.
Y lo hizo con una clara advertencia. «El PRO no está para aplaudir todo ni para oponerse a todo: está para defender el cambio y los valores en los que creen millones de argentinos», avisó el partido en un mensaje que difundió en sus redes sociales.
«Desde hace tiempo venimos señalando los errores del Gobierno con la misma claridad con la que acompañamos las decisiones que consideramos correctas», señaló la dirigencia del PRO, que sostuvo que «en el manejo de la política de discapacidad, el Gobierno se equivocó. Y volvió a hacerlo al incluir en el proyecto de Presupuesto 2027 cambios que debilitan herramientas fundamentales para garantizar prestaciones y pensiones».
«La discapacidad debe ser abordada como una verdadera política de Estado, con previsión, responsabilidad y respuestas sostenidas», afirmó el comunicado del PRO y resaltó que «ordenar las cuentas es indispensable, pero nunca puede significar abandonar a las personas con discapacidad y a sus familias«.
La respuesta del PRO se conoció un día después de que dirigentes de ese espacio participaran de la reunión de la Mesa Política, encabezada por Karina Milei, en la Casa Rosada donde se informó que se habían zanjado las diferencias y «se llegó a un acuerdo para avanzar en la tarea conjunta».
De todas formas, el PRO recordó que «acompañar y blindar el cambio también implica marcar límites. Este, para el PRO, es uno de ellos«.
