El asesinato a sueldo de la periodista y aspirante política Susy Aponte Polo, conocida popularmente como la «China Polo», ha desencadenado una profunda crisis institucional y una ola de indignación ciudadana en Perú. El ataque se produjo el pasado sábado 19 de septiembre en las inmediaciones del mercado La Explanada, en la ciudad de Caraz, mientras la candidata encabezaba una actividad proselitista rumbo a las elecciones regionales y municipales.
Aponte Polo, de 43 años y referente del movimiento Socios por Áncash, lideraba investigaciones periodísticas en su programa digital sobre redes de crimen organizado, minería ilegal y corrupción en la administración pública. Nueve días antes de ser acribillada, la propia comunicadora había publicado un video en el que denunciaba estar recibiendo amenazas de muerte y señalaba de manera explícita a mandos de la Policía Nacional.
Red de sicariato, conspiración y nexo policial
Las investigaciones iniciales han permitido reconstruir una compleja logística criminal articulada desde Lima. De acuerdo con los avances del caso, el ataque ejecutado en Caraz contó con un seguimiento previo de varios días. Hasta el momento, hay tres personas detenidas e identificadas en la trama operativa.
Entre los capturados figura el presunto autor material, el ciudadano venezolano Luis Iván Obispo Díaz, quien fue reducido por el propio equipo de seguridad de la víctima tras una persecución. En el procedimiento se incautó el arma homicida: una pistola Glock 9 mm perteneciente a un efectivo de la Policía Nacional, la cual registraba denuncia por robo desde 2023 y figuraba vinculada a otros cinco hechos delictivos en distintas partes del país.
Asimismo, la policía arrestó en la capital a Ronald José Toro Ardiles, señalado como el financista de la operación tras rastrearse giros de dinero destinados a pagar el alojamiento y las comunicaciones del grupo de sicarios. Pese a los arrestos y al material probatorio recopilado en videos de seguridad, los investigadores trabajan contra reloj durante el plazo de detención preliminar para determinar la identidad de los autores intelectuales del crimen. El ataque dejó además a dos personas heridas de gravedad, quienes permanecen internadas en cuidados intensivos.
Presión internacional y golpe político al Gobierno
El crimen ha reavivado las alarmas por la seguridad del periodismo en la región, tratándose del tercer comunicador asesinado en el país en menos de dos años bajo dinámicas similares. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un reclamo formal al Estado peruano para que garantice una investigación transparente y evite la impunidad.
La crisis sorprende a la presidenta Keiko Fujimori fuera del país, en el marco de la 81ª Asamblea General de la ONU en Nueva York. El episodio ha impactado de lleno en la imagen del Poder Ejecutivo. La aprobación de la mandataria cayó drásticamente a un tercio de la población en las últimas encuestas, desgastada por la escalada de violencia y los recurrentes escándalos que involucran a las fuerzas de seguridad. Mientras diversos sectores políticos exigen la renuncia del ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, la ciudadanía aguarda respuestas claras sobre quién dio la orden de silenciar a la candidata.
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