Bernie Sanders acaba de llevar el debate sobre la inteligencia artificial a un terreno que hasta hace poco parecía propio de la ciencia ficción: presentó en Estados Unidos un proyecto para prohibir la superinteligencia artificial, pausar el desarrollo de los sistemas más avanzados y crear un nuevo Departamento Federal de Inteligencia Artificial. La iniciativa también propone establecer controles para su desarrollo y despliegue, con sanciones que podrían incluir hasta 20 años de prisión.

Celebro cualquier iniciativa que busque debatir un marco concreto para una tecnología que ya está transformando la economía, la educación, el trabajo y la sociedad en su sentido más amplio. El proyecto de Sanders importa menos por la ley en sí que por lo que deja planteado. ¿Están nuestros políticos preparados para comprender aquello que buscan regular?

La discusión no debería reducirse a estar a favor o en contra de la inteligencia artificial. Tampoco a elegir entre acelerar sin límites o frenar el desarrollo. Antes de legislar, quienes tienen esa responsabilidad necesitan comprender las tensiones que genera esta tecnología. Porque una mala regulación puede ser tan peligrosa como la ausencia de la misma.

1) Magia versus impacto. La IA puede mejorar la educación, la salud, la productividad y la seguridad. Pero también puede profundizar desigualdades, transformar empleos y concentrar capacidades en pocas organizaciones. La diferencia está en quién la utiliza, con qué objetivos y bajo qué condiciones.

El proyecto de Sanders parte de una preocupación concreta: evitar que sistemas capaces de superar las capacidades cognitivas humanas puedan actuar fuera del control de las personas. La propuesta define la superinteligencia como una IA que exceda las capacidades cognitivas humanas en la mayoría de los dominios o que pueda alcanzar capacidades suficientes para poner en riesgo a la humanidad.

Pero transformar ese temor en una norma requiere primero comprender qué estamos regulando. En Santex tomamos una posición clara: creemos en la tecnología como aliada de las personas, no como reemplazo. La IA procesa información y genera resultados a partir de modelos y datos. Necesita criterio humano. Y para legislar sobre ella, el primer paso es entender qué es y qué no es IA.

2) Inteligencia versus experiencia. La IA puede desarrollar capacidades cognitivas extraordinarias, pero no tiene experiencia corporal, emocional ni relacional. Gobernar implica integrar las habilidades que nos hacen humanos con herramientas capaces de ampliar nuestras capacidades.

Por eso, el desafío de los legisladores no consiste solamente en definir qué tecnologías deben permitirse o prohibirse. También consiste en comprender cómo impactarán sobre las personas, las organizaciones y los países. Una regulación puede buscar reducir riesgos, pero si no contempla el funcionamiento de la tecnología y su evolución, puede quedar rápidamente desactualizada.

El proyecto estadounidense propone crear una estructura federal que monitoree los sistemas de frontera durante todo su ciclo de vida y supervise capacidades consideradas peligrosas. Es una señal de que la discusión ya no pasa únicamente por qué puede hacer la IA, sino por quién tiene la responsabilidad de controlar lo que puede llegar a hacer.

3) Control versus innovación. Esta es quizás la tensión más difícil. Sanders propone frenar el desarrollo de la IA avanzada hasta que existan reglas federales de seguridad y procesos de revisión. Al mismo tiempo, el debate estadounidense está atravesado por otra preocupación: qué ocurre si Estados Unidos desacelera mientras China no lo hace.

Ahí aparece una de las mayores complejidades de regular la IA: no se trata de una tecnología encerrada dentro de las fronteras de un país. Los modelos, los datos, el talento, las inversiones y la infraestructura forman parte de una competencia global. Incluso el proyecto de Sanders reconoce esa dimensión y propone acuerdos internacionales y coordinación entre aliados para evitar que la superinteligencia se desarrolle primero en China.

Esa misma tensión, acelerar o esperar, se juega también acá, y no de manera abstracta. Esta semana, en la Asamblea General de la ONU, Javier Milei prometió que la Argentina no va a aplicar regulación preventiva sobre inteligencia artificial. Beneficios impositivos, marcos de responsabilidad limitada para las empresas del sector, y una frase que lo resume: quiere que el país sea «el lugar más competitivo del mundo para desarrollarla». Lo dijo sin vueltas: “En eso compartimos plenamente la visión del presidente Trump.” Es la apuesta contraria a la que plantea Sanders, alineada con Washington y no con Bruselas.

Esa apuesta todavía no pasó por las urnas. Argentina llega a 2027 con elección presidencial, renovación completa del Congreso y gobernaciones en 21 provincias en juego. Para cuando se vote, no regular la IA va a dejar de ser una frase de discurso en Nueva York. Va a ser una plataforma que alguien tiene que defender puerta a puerta.

La política tiene una responsabilidad enorme frente a esta transformación. Regular la IA no debería significar solamente reaccionar ante sus riesgos ni aceptar cualquier desarrollo en nombre de la innovación. Implica entender la tecnología, anticipar escenarios y construir reglas capaces de proteger a las personas sin desconocer las posibilidades que ofrece.

El debate que Sanders puso sobre la mesa tiene un valor que excede su proyecto de ley. Los gobiernos ya no pueden postergar esta respuesta. ¿Cómo se gobierna una tecnología cuyo desarrollo avanza más rápido que nuestra capacidad para comprender sus consecuencias?

Gobernar en 2026 implica entender de inteligencia artificial. Es una responsabilidad, no una opción. El primer paso para construir políticas que generen un impacto positivo es el conocimiento: reconocer con humildad aquello que todavía no sabemos y conectar a quienes toman decisiones con referentes de tecnología, IA, ética y gobernanza.

Porque el desafío no es solamente decidir cuánto regular. Es entender qué estamos regulando y para qué. Solo así podremos construir marcos que reduzcan los riesgos, potencien las posibilidades y resguarden lo más importante: las personas, los ciudadanos de hoy y los del futuro.