El actual secretario de Seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Manuel Aráoz, junto a un grupo importante de abogados del interior del país, emprendió la difícil tarea de intentar llevar la voz de los letrados de las provincias al Consejo de la Magistratura y para ello solicitó una licencia de 20 días en sus tareas en el ministerio provincial hasta el día de votación para el Consejo que se llevará a cabo el 20 de octubre: «Cabe aclarar que en caso de asumir en el Consejo de la Magistratura, renunciaré formalmente a mi cargo actual. Soy abogado de profesión y he mantenido mi estudio jurídico abierto desde hace 23 años. Anteriormente, me desempeñé durante 7 años en la Justicia Federal y ejercí funciones en el Poder Ejecutivo como director de Asuntos Legales de la Legislatura y administrador general de la Justicia de Faltas durante 6 años», señaló para comenzar la entrevista.
—¿Por qué surge la propuesta de la lista «Abogacía Federal» y qué buscan modificar en el Consejo de la Magistratura?
—Desde la reforma constitucional de 1994, el Consejo de la Magistratura es uno de los organismos más importantes del país porque selecciona las ternas de los jueces que rigen el destino de la Argentina hasta los 75 años. El artículo 114 de la Constitución establece la palabra «equilibrio» como clave para ponderar a los tres poderes del Estado, a los académicos y a cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal en un cuerpo de 20 integrantes. Históricamente, esas cuatro sillas han sido ocupadas por listas diseñadas en la Capital Federal. Esto ocurre porque en CABA la matrícula federal es automática, mientras que en el interior exige un doble trámite: matricularse en el colegio local y jurar ante la Cámara Federal. Como consecuencia, el padrón electoral ha quedado concentrado en diez manzanas alrededor de Tribunales en Buenos Aires. Abogacía Federal es una lista que invierte esa lógica: nace en el interior (Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Provincia de Buenos Aires) e integra a la Capital Federal para exigir que la matrícula sea automática en todo el país y equilibrar la cancha. Actualmente, por ejemplo, no hay ningún abogado cordobés ocupando un lugar en el Consejo.
—¿Quiénes están habilitados para votar en este comicio y qué dificultades logísticas enfrentan los profesionales del interior?
—Están habilitados para votar todos los abogados con matrícula federal que figuren en el padrón de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), pudiendo asistir a votar presentando únicamente el DNI. Sin embargo, la modalidad de votación es estrictamente presencial en las sedes de los colegios de abogados de cada circunscripción. A diferencia de la Capital Federal, donde los letrados votan a pocas cuadras de sus despachos, un abogado del interior —por ejemplo, de Arroyito— debe trasladarse 100 kilómetros hasta San Francisco porque no se habilitan urnas en delegaciones cercanas, o de Carlos Paz a Córdoba. Esta complejidad logística explica por qué la participación en el interior históricamente ronda apenas el 20%, favoreciendo que la Capital Federal imponga sus listas.
—Una de las propuestas centrales de su plataforma aborda la Inteligencia Artificial. ¿Qué diagnóstico realiza sobre su impacto en la abogacía y la justicia?
—Me especialicé en Inteligencia Artificial en la Universidad de Salamanca hace tres años, y el desarrollo actual no tiene comparación con lo que veíamos en ese momento. En los estudios jurídicos privados se utiliza la herramienta aceleradamente y sin ningún tipo de control. Del otro lado, en el Poder Judicial no existe una capacitación obligatoria en IA para jueces ni funcionarios. Dado que la Inteligencia Artificial suele «alucinar» e inventar fallos, doctrinas o leyes inexistentes, proponemos implementar un modelo basado en una experiencia reciente de California: un pacto de honestidad intelectual. Mediante este esquema, tanto abogados como magistrados deberán declarar expresamente en cada escrito si utilizaron herramientas de IA, certificando que han verificado manualmente cada cita antes de firmar. La última firma en cualquier escrito judicial debe ser estrictamente humana para no perder de vista que se está decidiendo sobre la vida, la libertad, la salud o el patrimonio de las personas.
—¿Cómo planean instrumentar esta capacitación dentro de la estructura judicial?
—Proponemos que el Consejo de la Magistratura incorpore el conocimiento y manejo adecuado de la Inteligencia Artificial como un requisito obligatorio dentro del perfil para los nuevos jueces que rindan concurso, además de capacitar a los magistrados actuales a través de la Escuela Judicial. La IA es sumamente útil para automatizar procesos simples o redactar decretos de mero trámite y ahorrar recursos, pero en la toma de decisiones de fondo la supervisión y la firma deben pertenecer a un ser humano.
—Para concluir, ¿cuál es su mensaje para los abogados matriculados de cara a la elección del 20 de octubre?
—Considero que concurrir a votar no es solo un derecho, sino una obligación cívica para hacer cumplir el equilibrio de poderes que ordena la Constitución. Aunque el traslado resulte incómodo, es el momento de hacer valer el federalismo desde la acción y demostrar que los abogados del interior tenemos el interés genuino de sentarnos en las sillas donde se discute y ejerce el poder.
