La causa Andis sumó una nueva resolución judicial: el juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, y de otros integrantes de la presunta organización investigada por el pago de coimas y el direccionamiento de contrataciones públicas.
La medida también alcanza a Daniel Garbellini y Miguel Ángel Calvete, señalados como presuntos jefes de una asociación ilícita. Además, el magistrado amplió el procesamiento de Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich, considerados presuntos miembros de esa estructura. Todos habían sido procesados el 9 de febrero de 2026.
Según la resolución, la investigación detectó diferencias de precios por más de $7.833 millones en la compra de medicamentos e insumos médicos, en operaciones vinculadas principalmente con el Programa Incluir Salud.
Cómo funcionaba la presunta organización
En el marco de la causa Andis, el juez consideró que las pruebas reunidas permiten sostener, en grado de probabilidad, la existencia de una organización que habría operado dentro y fuera del organismo estatal.
De acuerdo con la hipótesis judicial, Spagnuolo y Garbellini habrían actuado desde el interior de la agencia, mientras que Calvete y Atchabahian habrían intervenido desde fuera, en coordinación con empresarios proveedores.
La resolución describe presuntas maniobras para manipular los procedimientos de contratación, mediante la selección arbitraria de empresas, la circulación de información privilegiada, la simulación de competencia y el direccionamiento de adjudicaciones.
Estas prácticas habrían permitido favorecer a determinados proveedores y gestionar pagos en beneficio de funcionarios y otros integrantes de la organización. Para el magistrado, no se habría tratado de hechos aislados, sino de un esquema organizado y sostenido en el tiempo.
Los delitos investigados y los nuevos procesamientos
A Spagnuolo y a los presuntos integrantes de la estructura se les atribuyen los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional.
La decisión judicial también dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de otras 19 personas, entre ellas empresarios vinculados con laboratorios y compañías proveedoras de insumos ortopédicos.
La causa Andis continúa bajo investigación para determinar las responsabilidades individuales en las presuntas irregularidades en las compras estatales. Los procesamientos constituyen decisiones judiciales dentro de una investigación penal y no equivalen a una condena.
La causa Andis busca establecer cómo se habrían organizado las contrataciones, qué empresas resultaron beneficiadas y de qué manera se habrían distribuido los fondos vinculados con los sobreprecios detectados.
